A pocas horas de concluida la Navidad, el presidente de la Nación, Javier Milei, publicó el decreto 84/2023, que establece la suspensión de los contratos menores a un año de más de 7.000 trabajadores estatales. En paralelo, el Gobierno nacional anunció que, a partir de hoy, habrá un periodo de evaluación de 90 días para el resto de los contratos de empleados del Estado.
De esta manera, Milei le dio paso al inminente inicio del plan motosierra que ya había anunciado en campaña, y que se dará en el marco del proyecto económico de ajuste fiscal y achicamiento del Estado que ya tuvo sus primeras medidas de shock en las poco más de dos semanas que llega el Gobierno nacional de La Libertad Avanza.
Es preciso mencionar que, las primeras medidas de shock de Milei fueron anunciadas a través de una cadena nacional en las que el Presidente leyó, rodeado de todo su gabinete y el autor del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), Federico Sturzenegger, 30 medidas que comenzarán a regir a partir del 29 de diciembre y que impactarán en la microeconomía de todos los ciudadanos.
En tanto, el DNU de Milei contempla una serie de excepciones en el marco de los despidos a trabajadores estatales, para aquellos que se encuentran en cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales, el personal que haya prestado tareas previas al 1° de enero de 2023 y haya modificado su modalidad de contratación, y los contratos de cuyos titulares de las jurisdicciones consideren indispensables para el funcionamiento de la institución u organismo.
Por otra parte, la normativa firmada por Milei y publicada este mismo martes en el Boletín Oficial del Gobierno nacional, estipula que los contratos de los trabajadores estatales cuya fecha de ingreso sea previo del 1° de enero de 2023 no podrán ser renovados por un periodo mayor a los noventa días corridos, hasta tanto concluya el periodo de prueba anunciado por la administración que lidera el dirigente de La Libertad Avanza.
“Instrúyase a las autoridades competentes de cada jurisdicción mencionada en el artículo 1° a que, en el plazo establecido en el artículo precedente, realicen un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la Administración sea previa al 1° de enero de 2023 con el fin de evaluar la renovación de las contrataciones mencionadas precedentemente”, explícita uno de los puntos del decreto de Mieli.
En esa línea, el artículo advierte que, en el caso de que las autoridades competentes decidan renovar los contratos de los trabajadores estatales en periodo de prueba, deberán “fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación”, de lo contrario, será anulada por un superior del Gobierno nacional.
Según explica el decreto firmado por Milei esta mañana, la medida alcanza a los trabajadores estatales transitorios “y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023″, de todo el Gobierno nacional, así como también a los entes públicos, incluidos, por ejemplo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el PAMI y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Además, Milei dejó en claro que esta decisión se toma en el marco del DNU Nº 8 firmado por él mismo el 10 de diciembre de 2023, a partir del cual se modificó la ley de Ministerios que dejó en funcionamiento solamente nueve carteras con la finalidad de “racionalizar recursos”, lo que obligó a todas las dependencias a revisar aquellas contrataciones efectuadas.
Junto con la oficialización de esta medida que deja sin empleo a 7.000 trabajadores estatales, el Gobierno nacional anunció que enviará en el transcurso de esta semana un paquete de normativas al Congreso que busca profundizar las reformas del Estado iniciadas con el DNU con 300 derogaciones en pos de la desregulación de la economía.
En esta oportunidad, explicaron desde el Gobierno nacional, se sumarán iniciativas que no pudieron estar incluidas en el DNU anunciado el pasado miércoles, dado que referían a temáticas ligadas a lo tributario o lo electoral, como la vuelta atrás de la modificación del Impuesto a las Ganancias, el impulso de la Boleta Única de Papel, entre otras medidas.
En tanto, este miércoles 27 de diciembre, tanto la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) como las dos Central de Trabajadores Argentinos (CTA), tendrán sus jornadas de lucha y movilización en contra de las medidas de recorte anunciadas por Milei. Ambas organizaciones están en estado de alerta permanente respecto de las decisiones del Gobierno nacional y lo que pueda llegar a suceder con la continuidad de sus puestos de trabajo.
Con el mismo objetivo, el jueves, además del cónclave de la Confederación General del Trabajo (CGT), habrá asambleas y plenarios en todas las centrales de trabajadores y en las organizaciones sindicales para debatir si escalarán en el plan de lucha con la convocatoria a un paro general antes de cumplirse un mes de mandato de Milei o si lanzarán otras medidas de fuerza previas.
