En las últimas horas, el Gobierno nacional de Javier Milei oficializó el régimen de compensación, una medida sin precedentes que tiene como objetivo reducir el déficit fiscal en las cuentas del Estado administrado por La Libertad Avanza y, al mismo tiempo, aliviar la situación financiera que viven las Provincias.
Es que, a través del Decreto 969/2024, Milei dispuso la creación del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre la Nación y los gobernadores, mediante el cual se entregarán empresas públicas, rutas, tierras fiscales y otros activos nacionales para saldar las deudas que el Estado mantiene con diferentes jurisdicciones.
Esta política, presentada como un esfuerzo de la administración nacional por “sanear las cuentas públicas”, y promovida como parte de un plan de federalismo económico, es leída por los gobernadores como una jugada estratégica que le permitirá a la administración de Milei consolidar su influencia territorial.
Según indicó el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, el objetivo del régimen de compensación anunciado esta mañana por la administración libertaria es hacer un “borrón y cuenta nueva” en las deudas que se sostienen entre las provincias y la Nación, con la idea de equilibrar las relaciones financieras y económicas entre ambas partes.
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“Desde hace muchas décadas, las cuentas fiscales y el centralismo creciente han llevado a que las relaciones financieras y económicas entre la Nación y las provincias no sean simétricas”, afirmó Catalán, el hombre de confianza del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respecto de la nueva política del Gobierno.
En ese sentido, el funcionario de Milei invitó a los 23 gobernadores a “mirar hacia el futuro y trabajar juntos” con el horizonte de encontrar soluciones que le den un orden económico-financiero a las Provincias deudoras y al Estado nacional, que también mantiene pasivos con las administraciones regionales.
Es preciso mencionar que, el decreto que lleva las firmas de Milei, Francos y Luis Caputo, establece que cada provincia interesada en adherirse al régimen de compensación tiene un plazo de 30 días hábiles para manifestar su intención, y 60 días hábiles para presentar la documentación que respalde la legitimidad de sus deudas.
Una vez confirmada la veracidad de cada deuda, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, evaluará cada caso particular y se dispondrá a dar lugar, o no, a un posible acuerdo de extinción de deudas con cada provincia que se presenten en la cartera liderada por Caputo.
En tanto, el régimen de compensación permite que la Nación y las Provincias puedan incluir mecanismos de compensación, conciliación y transacción en sus acuerdos, y si luego de estos procedimientos el saldo resultante es favorable para el Estado, los gobernadores podrán saldarlo mediante un porcentaje de los recursos recibidos por el Régimen de Coparticipación Federal, o bien mediante la entrega de activos provinciales a la Nación.
Régimen de compensación: rutas, tierras y empresas, los objetivos del Gobierno
Por caso, una de las medidas más controvertidas de este decreto es la autorización para que el Estado Nacional ofrezca bienes tangibles, como rutas, tierras fiscales y empresas públicas, en el marco de las negociaciones con las provincias para saldar las deudas que mantiene.
Esto marca un punto de quiebre en la relación entre la Nación y los gobernadores, en el que Milei dejaría en manos provinciales algunos de los recursos que históricamente se centralizaron en el Estado nacional. En este sentido, Catalán reafirmó que esta decisión está en línea con el plan de austeridad del presidente Milei que busca “caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo”.
Sin embargo, desde las administraciones provinciales las reacciones fueron mixtas. En algunas terminales gubernamentales advirtieron que no se les había consultado con anticipación sobre este plan, y expresaron dudas respecto a la implementación efectiva de los acuerdos.
“Nuestra Constitución fija un régimen federal, pero desde hace tiempo las distintas gestiones de gobierno vinieron sosteniendo una práctica política unitaria”, señaló Catalán, resaltando la intención de acercar a las provincias a un federalismo real y efectivo. “La Nación no debe ser un corsé que impida el crecimiento de las regiones”, concluyó.
Cabe mencionar que, este nuevo régimen de compensación, que según el Gobierno representa un “paso importante” hacia el equilibrio fiscal, también abre la puerta a una posible rediscusión de la coparticipación federal, un tema largamente postergado y reclamado por varios gobernadores.
A su vez, la administración libertaria busca alinearse con los compromisos de austeridad fiscal impulsados por el Presidente durante su campaña electoral, aunque varios sectores de la oposición y algunos gobernadores mantienen reservas sobre la viabilidad y el impacto real de esta iniciativa.
En el contexto de profunda crisis económica y social que atraviesa la Argentina, la medida no está exenta de polémica. La entrega de bienes públicos a los gobernadores podría desencadenar fuertes tensiones políticas y administrativas en los próximos meses, con debates sobre el alcance real de este “federalismo económico” y su sostenibilidad en el largo plazo.
Régimen de compensación: como podría aprovechar Kicillof la medida del Gobierno
Es preciso recordar que, el régimen de compensación se lanzó en el marco de la fuerte tensión que Milei mantiene con la administración de la provincia de Buenos Aires, liderada por Axel Kicillof, que reclama hace varios meses al Estado nacional por fondos que no llegaron y fuertes recortes en las partidas que les corresponden a los bonaerenses.
Por su parte, la administración de Kicillof recurrió varias veces a la Justicia para exigir la cancelación de esas acreencias, pero Nación continúa desconociéndolas. La última estimación del Gobierno bonaerense hablaba de una deuda de de casi $2 billones de pesos.
Sin embargo, la provincia de Buenos Aires no es la única jurisdicción en tensión con Nación por este tema, mientras que Milei llegó a exigir incluso un ajuste “adicional” al ya realizado por 60.000 millones de dólares. Ante el malestar de los gobernadores, incluso de los cercanos, el presidente de la comisión de presupuesto de Diputados, José Luis Espert, dijo que en realidad son 20.000 mil millones más los que exige recortar el Presidente.
Según los datos del Ministerio de Economía de la Nación, el sector público tuvo en septiembre superávit financiero, aunque el mismo se dio por la caída real del gasto. Las partidas que más se redujeron fueron las transferencias a los gobernadores, con un recorte del 97,5%, otros gastos corrientes, que se recortó un 78%, y las transferencias corrientes, con 71,5% menos.
