Los bloques del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio protagonizan una dura pulseada política en la Cámara de Diputados nacional con dos convocatorias distintas para este jueves, con apenas una hora de diferencia. Por el momento, no hubo acuerdo y cada bancada propone sus propios temas.
Por estas horas, se especula con la posibilidad de que el Frente de Todos reúna los 129 diputados necesarios para obtener el quórum, lo que abortaría el llamado de Juntos por el Cambio. “El kirchnerismo llamó a una sesión una hora antes a la pedida para tratar la Boleta Única. Es una maniobra burda, no les daremos qoúrum”, sentenció el diputado radical, Mario Negri.
Así, Juntos por el Cambio pretende tratar en su sesión de las 12 el proyecto de boleta única para implementar en las próximas elecciones, mientras que el Frente de Todos una hora antes promueve las iniciativas de industria del cannabis, blanqueo de capitales para la construcción y la nueva ley de VIH. Todavía no se sabe a ciencia cierta cómo se resolverá la guerra de sesiones.
El proyecto opositor propone modificar el Código Nacional Electoral para aplicar el uso de la boleta única de papel en las elecciones de las categorías nacionales, es decir, presidente y vicepresidente, senadores y diputados nacionales, y parlamentarios del Mercosur.
El nuevo formato propuesto por Juntos por el Cambio reúne en una misma boleta de papel los nombres y fotos de todos los candidatos para cada categoría, divididos en franjas o columnas para cada agrupación política que cuente con postulantes a ocupar los cargos electivos.
Además,de acuerdo a la argumentación opositora, el proyecto de boleta única dota de mayor transparencia al sistema electoral pues no solo desalienta prácticas como el “voto cadena”, la adulteración, destrucción o robo de boletas sino que también garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación, ya que la impresión de las papeletas queda en manos del Estado, no de los espacios políticos.
Por su parte, el proyecto oficialista para promover la industria del cannabis y el cáñamo industrial, dictaminado por las comisiones de Presupuesto y de Agricultura con acuerdo de la mayoría de sus integrantes, promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.
El objetivo de la ley de industria del cannabis y el cáñamo industrial es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del producto. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.
En el caso del proyecto referido a los incentivos para fomentar la construcción, que permite disminuir impuestos en el marco específico de un blanqueo de capitales no registrados, el dictamen fue emitido por la comisión de Legislación General a partir de un consenso mayoritario.
En diciembre pasado finalizó la primera etapa de la prórroga y buscaron implementar la ampliación con el proyecto de Presupuesto 2022, que finalmente fue rechazado con el voto opositor en el recinto, por lo cual no se pudo extender este sistema para poder blanquear esos fondos con beneficios impositivos siempre que sean destinados para la construcción.
El proyecto de ley -que quedó en condiciones de ser debatido por el plenario de la Cámara- prorroga durante 180 días, y por única vez, la vigencia del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y acceso a la Vivienda, que establece beneficios fiscales.
En tanto, el Frente de Todos también quiere tratar el proyecto de ley de VIH, Hepatitis virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual, que propone un abordaje integral y desde la salud colectiva, que brinde contención e información para derribar los prejuicios y la discriminación. El texto fue ratificado en un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud.
El proyecto de VIH busca reemplazar la antigua Ley Nacional del Sida (23.798) sancionada en 1990, y garantiza el acceso universal y gratuito al tratamiento de esta enfermedad, además de a pacientes con hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS).
La iniciativa define que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal, a la vez que promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
