La Justicia imputó a la intendenta del municipio bonaerense de Quilmes, Mayra Mendoza, y a dos exfuncionarios por el manejo irregular de $535 millones destinados a cooperativas, mientras que se pidieron medidas de prueba para avanzar en la investigación.
En este sentido, el fiscal federal Ramiro González abrió una investigación contra Mayra Mendoza, una de las referentes de La Cámpora, y el exsubsecretario de Hábitat del municipio, Sebastián Raspa, que estaría vinculado a la Cooperativa La Estrella y a la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Ltda.
Además, fueron imputados un abogado y exfuncionario de Quilmes que sería titular de sociedades y cuentas off shore, Martín Bordalejo, José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler.
“Ello, no obsta a que con el devenir de la investigación se logre identificar a otros sujetos que participen en el hecho denunciado”, dijo el fiscal González en relación a la causa que le abrió a Mayra Mendoza.
Es preciso mencionar que, la causa contra la Intendenta se inició por la denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lomé a raíz de una publicación en el medio El Disenso que aseguraba que “fondos nacionales que se le entregan al municipio de Quilmes se utilizan para pagarle a cooperativas cuyos titulares son Raspa y Cangelosi”.
Según la denuncia, Raspa había sido Subsecretario de hábitat del referido municipio, mientras que Cangelosi -quien sería su pareja- era funcionaria de la misma intendencia.
En este marco, a los exfuncionarios se les habría pagado la suma de $535.000.000 para desembolsar en las cooperativas. Incluso, se supo que Raspa tendría tres offshore en Miami, donde habría derivado el dinero público, en las cuales figuraría como Director el exfuncionario del municipio de Quilmes.
Asimismo, la imputación indicó que “las siete cooperativas de Raspa han obtenido una gran cantidad de contratos a raíz de su amistad con Mayra Mendoza que, a sabiendas de eso, le autorizó los contratos descuidando los fondos públicos que debe administrar”.
Es que, se cree que los fondos no sólo eran direccionados hacia las cuentas offshore de los exfuncionarios de Mayra Mendoza, sino que también eran “para hacer caja para su agrupación política La Cámpora”.
Además, la denuncia indicó que “la gente que prestaría funciones haciendo los trabajos que le son conferidos a Raspa recibían planes sociales otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sin concedérsele remuneración alguna”, motivo por el cual “todos los fondos públicos van a parar a las arcas personales de Raspa y los demás con la venia de la intendente y sus funcionarios”.
En base a la denuncia, el fiscal González le notificó al juez federal Ariel Lijo el impulso de la causa y solicitó llevar adelante una serie de medidas de prueba que incluye la compulsa del padrón de entidades del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, en donde están registradas todas las cooperativas, informes al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y los datos sobre las cooperativas denunciadas en este caso. También, se pidieron informes a la Inspección General de Justicia y a la Dirección Provincial de Personas Jurídica.
Por otro lado, González busca conocer “toda la normativa y/o acto administrativo que dé cuenta si Sebastián Raspa, Romina Cangelosi y Martín Bordalejo se han desempeñado en el Municipio de Quilmes, y si recaben las constancias pertinentes que indiquen los cargos que ocupan y/u ocuparon, con sus respectivos períodos de tiempo de ejercicio”.
La investigación también quiere recabar datos de la AFIP, el Banco Central, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y un exhorto a Miami en busca de datos para corroborar las supuestas offshore.
Hasta el momento hay tres cooperativas en la mira: la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Limitada, la Unión de Azul, Progreso y La Estrella que habrían recibido fondos del municipio quilmeño por aproximadamente $535 millones entre diciembre de 2020 y febrero de 2022.
Las cooperativas fueron contratadas para brindar los servicios de “recolección de residuos”, “puesta en valor y embellecimiento de los espacios públicos”, “fumigación y control de plagas”, “adquisición de plantas ornamentales”, y “mantenimiento de plazas”, entre otros.
