La Justicia imputó al expresidente Mauricio Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad en la causa que investiga el envío de armas a Bolivia en noviembre de 2019.
Así lo dictaminó el fiscal en lo penal económico, Claudio Navas Rial, que entiende en la causa en la que el Gobierno nacional denunció por contrabando agravado a los exfuncionarios, por enviar material bélico al país vecino, cuando se desarrollaba el golpe de Estado contra Evo Morales.
En un dictamen entregado al juez que entiende en la causa, Javier López Biscayart, Navas Rial dictaminó a favor de abrir la investigación en base a la denuncia presentada por funcionarios del Gobierno nacional.
En ese marco, Navas Rial imputó al expresidente y a los dos exministros por el posible delito de "contrabando agravado" y pidió medidas de prueba que eran analizadas por el juez a cargo del caso.
Además de Macri, Bullrich y Aguad quedaron imputados y bajo investigación el entonces embajador argentino en ese país, Normando Alvarez García, y tres exmiembros de Gendarmería Nacional con cargos jerárquicos al momento de los hechos.
La fiscalía impulsó la pesquisa en lo vinculado a posibles infracciones al Código Aduanero, que es materia de investigación del fuero penal económico, y que deberá resolver si hubo delito en el envío de armamento bélico a Bolivia.
El envío del material antitumultos, para uso represivo en el marco de protestas, tuvo lugar en simultáneo con el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, tal como denunció hace una semana la administración actual de Bolivia.
Ante la grave denuncia, el ministro de Defensa del presidente Alberto Fernández informó que se constató la salida de un avión hacia Bolivia con armamento, pero que no había sido debidamente reportado a las autoridades.
Tras conocerse las irregularidades en el hecho, el Gobierno nacional presentó una denuncia penal ante la Justicia por contrabando agravado en contra de Mauricio Macri y sus funcionarios, por entender que tuvieron responsabilidad en el hecho.
La reciente imputación dará lugar al avance de la investigación en argentina, mientras que en el país vecino se desarrolla en paralelo otro proceso judicial, y por el que el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, advirtió que se podría llamar a declarar a los exfuncionarios argentinos.
Por la acusación en su contra, el propio Macri salió a negar cualquier responsabilidad por el envío ilegal de armas a Bolivia y aseguró que se trata de un "armado político" del Gobierno de Alberto Fernández.
De todas formas, con la imputación, el fiscal a cargo de la causa tendrá potestad para tomar declaración indagatoria a Macri, así como a Bullrich y Aguad, donde los exfuncionarios deberán dar cuentas de lo sucedido.
