La Sala I de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires investigará al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por supuestos sobornos pagados para acceder a derechos de televisación, un desprendimiento del escándalo mundial del Fifagate.
Luego que la denuncia fuera impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y archivada por el juez, Daniel Rafecas, la Justicia porteña buscará ahora saber si Aníbal Fernández estuvo involucrado en el pago de coimas de ocho torneos en el llamado Fifagate argentina.
La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de Aníbal Fernández y del otro exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, así como de Juan Gabriel Mariotto y otros funcionarios y empresarios sospechados de formar parte del Fifagate.
Vale recordar, que la denuncia la había presentado la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) contra Hugo Victor Jinkis, Mariano Alejo Jinkis y Alejandro Burzaco.
Esto sucedió a partir de las detenciones y los datos que surgieron del escándalo mundial del Fifagate donde Burzaco era CEO de Torneos y Competencias y los Jinkis responsables de “Full Play”, que comercializaba derechos de televisación.
La hipótesis de la Justicia en torno al Fifagate argentina es que los empresarios habrían obtenido los derechos económicos exclusivos de diversos eventos futbolísticos en los que había participado el Seleccionado Argentino de Fútbol desde el año 1991 hasta el 2015 mediante el pago de sobornos.
En este sentido, se sospecha que se ofrecieron coimas a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) para obtener la transmisión de los partidos.
Esos contratos le permitieron vender a las empresas “Full Play International S.A.” y “Torneos y Competencias S.A.” tales derechos de televisación, marketing y publicidad en forma ilegal al Estado Nacional donde se obtuvieron ganancias millonarias.
En relación al Fifagate argentina, el fiscal Pollicita estimó que el pago del Estado Nacional a esas empresas por dos años fue de USD 33 millones y sobreprecios pagados por USD 19 millones.
El empresario Alejandro Burzaco ventiló detalles como confesor ante la Justicia de Estados Unidos, y ahora los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, aconsejaron que se le tome declaración sobre esos contratos bajo sospecha.
“Resulta crucial para esta pesquisa establecer si ha mediado algún acuerdo espurio que pudiera haber tenido como perjudicado al Estado Nacional o también, respecto del cual hubieran obtenido beneficios indebidos tanto los funcionarios públicos como los empresarios involucrados”, concluyó la Cámara.
