Este jueves al mediodía, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en la conferencia de prensa que realizó desde Casa Rosada que el Gobierno nacional de Javier Milei decidió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como jubilación de privilegio, de la exvicepresidenta Cristina Kirchner.
“Por orden del presidente Milei, y luego de un importante trabajo del Ministerio de Capital Humano a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se resolvió dar de baja la jubilación de privilegio que percibía la expresidenta Cristina Kirchner”, contó Adorni al inicio de la conferencia.
En ese sentido, el vocero presidencial y responsable de la comunicación del Gobierno nacional, remarcó que la ex mandataria ya no recibirá ni la jubilación de privilegio ni la derivada pensión que percibía por el fallecimiento del expresidente y su exmarido, Néstor Kirchner.
“Esto significa un ahorro para los argentinos de unos 21.827.624 pesos”, advirtió Adorni, al tiempo que remarcó que la jubilación de privilegio “no tiene carácter contributivo y se otorga de manera excepcional y extraordinaria como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo” de la presidencia.
“La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la Causa Vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”, justificó el vocero presidencial respecto de la decisión tomada por el presidente Milei.
Asimismo, Adorni remarcó que el Gobierno libertario considera que la jubilación de privilegio “no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política”.
Por último, el vocero del Presidente expresó que la baja en la jubilación de privilegio para Cristina Kirchner es “nada más y nada menos que otorgar un manto de sentido común y cordura a la gestión pública”. “Durante el mandato de Milei el país no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”, concluyó.
Casación ratificó la condena a Cristina Kirchner por la causa vialidad
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este miércoles la condena contra la expresidenta, Cristina Kirchner, por administración fraudulenta, en relación con la obra pública adjudicada al empresario Lázaro Báez en lo que se conoce como la Causa Vialidad. El fallo, que abarca más de 1500 páginas, también confirmó las condenas de otros involucrados, entre ellos el propio Báez, el ex secretario de Obras Públicas, José López y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, todos con penas de prisión que oscilan entre los tres y los seis años.
En ese sentido, el fallo de los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos confirmaron la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner, por haber direccionado licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez. La defensa de la exmandataria podrá apelar ante la Corte Suprema de Justicia.
La resolución judicial sorprendió con la confirmación de varias absoluciones, como la del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, así como la de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente, Néstor Kirchner por prescripción del delito.
La definición final sobre la Causa Vialidad fue leída en una audiencia pública en los tribunales de Comodoro Py, en la que solo uno de los acusados, Abel Fatala, estuvo presente. Los jueces, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, coincidieron en ratificar la condena de Cristina Kirchner, pero solo Gustavo Hornos votó a favor de sumar a la exmandataria el cargo de asociación ilícita, tal como había solicitado la Fiscalía durante el juicio.
Los magistrados consideraron que entre 2003 y 2015, altos funcionarios públicos nacionales y provinciales, incluida la expresidenta, orquestaron una maniobra fraudulenta que desvió fondos públicos hacia Lázaro Báez, a través de la asignación de obras viales en Santa Cruz. Los jueces subrayaron que este esquema fraudulento permitió a las empresas de Báez, que carecían de experiencia en construcción, ganar numerosas licitaciones de obra pública en la provincia.
