En las últimas horas, la Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema debe ser el tribunal interventor único en el reclamo que el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizó contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2024 por el cual el Gobierno de Javier Milei dejó de transferirle a la comuna los fondos para las jubilaciones bonaerenses.
Así, la procuradora adjunta, Laura Monti, se pronunció en el marco del pedido de medida cautelar que formuló el gobernador Kicillof ante la decisión del Gobierno nacional de La Libertad Avanza de cortar los aportes para la caja provincial bonaerense previstos por una ley que atravesó los últimos siete gobiernos.
“La provincia de Buenos Aires deduce acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del DNU y que, en consecuencia, el Estado Nacional ‘restablezca las transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”, explicó Monti por escrito.
En tanto, los montos reclamados por la provincia de Buenos Aires corresponden a una “compensación por el déficit del régimen jubilatorio de la comuna bonaerense no transferido desde el Estado Nacional” desde la entrada en vigencia del DNU de Milei en diciembre del 2023, a valores actualizados de junio 2024.
Cabe mencionar que, el régimen se implementó a fines de 1999, durante el gobierno de la Alianza, cuando se firmó el “Compromiso Federal”, ratificado por ley, por el cual el Estado Nacional “se comprometió a financiar los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos, con recursos provenientes de rentas generales”.
La aplicación de la norma se mantuvo durante el interinato de Eduardo Duhalde y los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, e incluso se profundizó cuando en 2016, en la gestión de Mauricio Macri, el Congreso nacional aprobó la ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.
En ese momento, uno de los artículos de esa norma instruyó al Poder Ejecutivo “para que arribara a un acuerdo con las provincias que no hubieran transferido sus sistemas previsionales, para compensar las asimetrías con respecto a aquellas jurisdicciones que sí lo habían hecho”.
Los fondos fueron previstos en el Presupuesto 2023, que estableció un “crédito específico para las cajas previsionales provinciales transferidas” y, a su vez, dispuso una metodología para que la ANSES abone mensualmente a las provincias que no transfirieron al Estado nacional sus regímenes previsionales, un monto en concepto de anticipo a cuenta, equivalente a una doceava parte del déficit -provisorio o definitivo-“, determinado por un decreto de Macri.
Toda la normativa fue prorrogada por decreto también durante el Gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, el gobierno de Milei lo interrumpió mediante el DNU que “no comprende en dicha prórroga” los artículos que determinan el aporte de Nación a la caja jubilatoria de la provincia de Buenos Aires.
“Toda vez que la provincia de Buenos Aires, a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte, demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esta instancia. En tales condiciones, opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal”, resumió Monti.
