En el marco del juicio por la expropiación de YPF, la jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, ordenó en las últimas horas la entrega de chats, correos electrónicos, así como de otro tipo de comunicaciones entre las gestiones del gobierno de Javier Milei y Alberto Fernández, entre los funcionarios se destacan el ministro de Economía, Luis Caputo, el ex ministro Sergio Massa entre otros.
Según explicaron los fondos Burford y Eton Park, demandantes contra la Argentina por la expropiación de YPF, con estas medidas buscan demostrar que el Banco Central (BCRA), el Banco Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas y Energía Argentina (ENARSA) funcionan como un “alter ego” del Estado argentino.
Es decir que, estos organismos no tienen independencia operativa y legal, actúan como una extensión del propio Estado, y por lo tanto sirven como activos a expropiar para pagar la indemnización de USD 16.100 millones, más intereses, por la expropiación de YPF. Vale recordar que, esta información ya había sido parte de la evidencia en el juicio, tras el fallo de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar dicha suma.
“Los beneficiarios del juicio por YPF buscan embargar activos soberanos. Para eso, necesitan acceder a toda la información vinculada con las empresas que podrían ser consideradas alter ego de la República”, explicó el director de Research for Traders y especialista en los litigios contra la Argentina en el exterior, Sebastián Maril.
Según Maril, no se trata de entregar todos los teléfonos o chats completos, sino de hacer búsquedas específicas con palabras clave, como “YPF” o “Aerolíneas Argentinas”, para identificar comunicaciones relevantes. Entre los funcionarios alcanzados se encuentran, además de Caputo y Massa, el asesor Santiago Caputo; el exsecretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren; el exdirector de Aduanas, Guillermo Michel, y el exsecretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein.
Por su parte, el Gobierno argentino rechazó el pedido de Preska, lo calificó como “acoso” judicial y denunció que los demandantes buscan modificar las condiciones de la negociación con esta solicitud. “La medida de discovery ordenada por el tribunal de Nueva York viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, vulnera la soberanía argentina y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República”, afirmaron desde la Procuración del Tesoro.
Acto seguido, desde el Estado remarcaron: “Si bien el caso Petersen se encuentra en apelación, la República ya ha brindado una extensa cooperación en el discovery posterior al dictado de la sentencia, entregando a los demandantes más de 100.000 páginas de documentos, incluidos aquellos relativos a sus cuentas financieras en Estados Unidos, la Argentina y otros países”.
Vale mencionar que, la defensa argentina dijo que está evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery “sin precedentes” y que continuará “ejerciendo su derecho de legítima defensa”, mientras que la jueza norteamericana fijó una nueva audiencia para seguir con este caso el próximo miércoles 6 de agosto.
Kicillof le apuntó a Milei por la causa YPF
Tras el cimbronazo que significó el reciente fallo de la Justicia estadounidense contra el 51% de las acciones argentinas en YPF, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó la resolución como un “despropósito” que avasalla derechos soberanos, al tiempo que cuestionó la actitud del presidente Javier Milei de “darle la razón a los fondos buitres demandantes”.
A través de una conferencia de prensa, Kicillof criticó la doble postura del Jefe de Estado de apelar el fallo de la jueza Loretta Preska y, al mismo tiempo, criticar a quienes participaron del proceso de expropiación de la actual situación, como fue el caso del mandatario bonaerense, y calificó esta postura como un eventual riesgo para el interés nacional.
“Empieza a estar en riesgo YPF, lo cual también llama a diferentes investigaciones que vamos a iniciar, sobre todo la vinculación del Presidente con fondos buitres. Responsabilizo a Milei de cualquier decisión que tome que ponga en riesgo la soberanía energética, cuando no hay fallos firmes porque están siendo apelados”, manifestó el Gobernador.
En rigor, el mandatario bonaerense dio a entender que los insultos que Milei le endilgó a su persona implican una “actitud sospechosa” en el marco del litigio judicial, puesto que podría tener eventuales consecuencias en el proceso. “Lo que se ha hecho, con insultos y agravios, es contradictorio y peligroso porque le da la razón a los demandantes”, advirtió.
