La Corte Suprema rechazó hoy todos recursos presentados en el caso Ciccone y de esa manera dejó firme la condena de 5 años y 10 meses para el ex vicepresidente Amado Boudou que había dictado un tribunal oral en 2018.
Por ese escándalo también habían sido condenados José María Núñez Carmona, Nicolás Ciccone, Alejandro Vandenbroele (el único que no apeló), Rafael Resnick Brenner y Guido Forcieri.
El ex vicepresidente había sido condenado por los delitos de cohecho pasivo (recibir coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública. Los jueces del TOF 4 también lo inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos y ordenaron su inmediata detención por la compra de la calcográfica Ciccone por parte de The Old Fund, una empresa pantalla que tenía como cara visible a Vandenbroele.
José María Núñez Carmona fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión y el empresario Nicolás Ciccone a 4 años y 6 meses por el delito de cohecho activo. El tribunal también condenó al arrepentido Alejandro Vandenbroele a 2 años de cárcel.
Por último, a Rafael Resnick Brenner (ex funcionario de la AFIP) a 3 años y al ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri a 2 años y seis meses, siendo ambos condenados como partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Las condenas fueron confirmadas el año pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación, por lo que las defensas fueron en queja ante la Corte Suprema. Además de la maniobra para “rescatar” a Ciccone Calcográfica, los jueces dieron por probado que el grupo liderado por Boudou manipuló en provecho personal al menos tres organismos del Estado: la Casa de Moneda, la AFIP, y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Cabe destacar, que el ex vicepresidente fue condenado en un juicio en el que se pudo probar todo lo afirmado por la defensa del acusado, como por ejemplo que no conocía a Vandenbroele. De hecho, el propio Vandenbroele declaró que sólo vio a Boudou, de lejos, en dos oportunidades y que nunca habló con él.
De la misma manera, también fue demostrado que no hay vínculo cercano entre Boudou y Brito, lo que echa por tierra la hipótesis que planteaba que el banquero había sido testaferro del ex vicepresidente para quedarse con la empresa.
Lo más escandaloso es que también quedo probado que los dictámenes en el ministerio de Economía y en la AFIP no fueron irregulares y que en ambos lugares se apuntó a una solución para la crisis de la imprenta.
Antes del comienzo de la pandemia, Vandenbroele, el único de los acusados que no apeló la sentencia, renunció al Programa de Testigos Protegidos, que ya había pasado a la órbita del Ministerio de Justicia, y se recluyó en su posada de Mendoza.
Asimismo, el expediente ahora pasará al juez de ejecución Daniel Obligado, el mismo que en abril le otorgó la domiciliaria al ex vicepresidente y a su socio. En el entorno de Boudou sostienen que las circunstancias “no se modificaron” por lo que debería seguir cumpliendo la pena en su domicilio.
“Yo me aguanto la que me tenga que aguantar. No voy a cambiar, no me voy a callar, no me voy a esconder y ni siquiera voy a perder la alegría por las cosas que peleo”, dijo el ex vicepresidente en una charla virtual que mantuvo con militantes populares.
En abril pasado, el juez Daniel Obligado le otorgó la prisión domiciliaria en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus. “El actual contexto mundial de emergencia sanitaria a causa del Covid 19, ciertamente trastoca prácticamente todas las pautas de las relaciones interpersonales, afectando entonces la implementación de los objetivos conductuales asumidos por el plexo normativo de la ejecución de las penas (…)”, escribió ese magistrado.
