sábado, agosto 13, 2022

La disputa por la remoción de la Virgen de Luján de Diputados llega a la Corte Suprema

El máximo tribunal deberá definir si da lugar a la demanda de dos asociaciones civiles. Hay fallos anteriores.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia se dispone a ponerle fin la disputa por la instalación de símbolos religiosos en la Legislatura bonaerense, que lleva más de ocho años. El máximo tribunal deberá definir si da lugar al pedido de dos asociaciones civiles de remover la imagen de la Virgen de Luján del hall de la Cámara baja.

La pelea se desató en 2010 cuando Diputados, bajo la presidencia del por entonces todo poderoso peronista Horacio González –que en 2017 dejó su banca después de 20 años- aprobó un polémico proyecto de resolución para entronizar a la popular figura religiosa en el Palacio Legislativo que da a la calle 53.

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La entronización se concretó el 19 de mayo de 2010, como parte de las celebraciones del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Del acto participaron el entonces gobernador, Daniel Scioli, el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, el arzobispo de Luján-Mercedes y el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa del patriarcado de Antioquía, Nicolaos Mati.

En ese momento, la medida fue impugnada por la Asociación de los Derechos Civiles ante Juzgado Contencioso Administrativo N° 1. Los argumentos fueron que la exposición de un símbolo del catolicismo viola el principio de neutralidad religiosa del Estado, el de igualdad y el de no discriminación respecto al ejercicio del derecho a la libertad de conciencia.

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Seis años después el recientemente destituido juez Luis Federico Arias falló a favor de la exhibición de la Virgen. “Existen claras manifestaciones estatales que reconocen que la cultura cristiana se encuentra fuertemente enraizada en nuestra costumbre institucional”, aseguró el magistrado en su fallo.

En abril de 2018 la Cámara, integrada por los jueces Claudia Angélica Matilde Milanta, Gustavo Spacarotel y Gustavo Juan De Santis, confirmó la decisión de Arias. Entonces, las asociaciones laicistas presentaron un recurso extraordinario de inconstitucionalidad que fue admitido.

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