El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, manifestó que existe una gran cantidad de pruebas contra Silvia Majdalani en la causa relacionada con el accionar de la Agencia Federal de Inteligencia en el espionaje ilegal contra el Instituto Patria y la vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
"No puedo dejar de lado la copiosa prueba existente en esta causa", sostuvo el magistrado federal al rechazar el pedido de la exsubdirectora de la AFI en el macrismo, de cerrar la investigación en su contra por considerar que ya había sido sobreseída por los mismos ilícitos.
La causa, que encuentra en el banquillo de los acusados a la exsecretaria de Mauricio Macri, está relacionada con la información hallada en un disco duro mal borrado en la AFI. En el mismo, se encontraron cuantiosas pruebas de cómo el organismo estatal utilizaba recursos y agentes para espiar a periodistas, opositores e incluso a personas pertenecientes a Cambiemos.
En concreto, Auge rechazó un "pedido de excepción por falta de acción", basándose principalmente en un “abundante caudal probatorio, en torno a los hechos pesquisados, enderezados a lograr la verdad real de los acontecimientos".
En este sentido, la fiscal del caso Cecilia Incardona manifestó que "las prácticas ilegales investigadas, de ser comprobadas, constituyen un importante retroceso en materia de recomposición de derechos constitucionales y de institucionalidad republicana que toda la sociedad viene persiguiendo desde la vuelta a la vida democrática en nuestro país".
“En el caso se advierte que el comportamiento de la imputada, junto con el resto de los acusados, pervirtió los fines de la institución que comandaba, y la volvió en contra de la sociedad que debía proteger, lo cual en sí constituye un quebrantamiento a la razón del ser del propio Estado, que es ni más ni menos que el bien común", sostuvo, Incardona.
Por el momento, son 18 los imputados en la causa por presunto espionaje ilegal, entre los que se encuentran funcionarios de las altas esferas del ex gobierno de Cambiemos. En la misma, se busca comprobar cómo se utilizaron recursos estatales para montar una organización paraestatal que se encargaba de seguir y recopilar información sobre personas destacadas de la vida política nacional.
