miércoles, mayo 25, 2022

La Justicia se mete en la polémica por los 70 productores imputados por participar del 17A

De acuerdo al fiscal de la causa, el municipio y la policía se habrían excedido en sus atribuciones y es posible que desestimen las acusaciones contra los productores.

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El fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, calificó como “un hecho grave”, las imputaciones impulsadas contra a unas 70 personas que el lunes pasado se sumaron a las marchas opositoras en Coronel Suárez.

Los manifestantes fueron acusados ante el Juzgado Federal de Bahía Blanca, a cargo de la jueza federal María Gabriela Marrón, de violar los artículos 205 y 239 del código penal.

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El fiscal, que también tiene a su cargo la investigación de la desaparición de Facundo Castro y fue recusado en dos oportunidades por la familia del joven, dijo que iba a “analizar” la conducta del intendente Ricardo Moccero y de la policía.

“Es un hecho grave, no solo por la falta de información a la Justicia, sino por haber realizado infracciones al artículo 205 del Código Penal frente a una manifestación pacífica de ciudadanos”, dijo Martínez.

Esta semana Moccero sostuvo que la policía actuó por iniciativa propia y respaldó las imputaciones. “Nosotros acá hacemos cumplir la ley”, sostuvo el exintendente y diputado provincial.

Incluso, el alcalde del Frente de Todos fue más allá en los planteos. “Si quieren armar un tractorazo en la Municipalidad, que vengan que los estamos esperando”, desafió.

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En tanto, Ulpiano Martínez señaló que evaluaría las actas cuando lleguen a sus manos, pero adelantó la posibilidad de que las desestime y remarcó que iba “a analizar” la conducta de la policía y del intendente Móccero.

 

 

“Recolectaremos pruebas y analizaremos la posibilidad de formular alguna imputación penal”, señaló el magistrado a La Nueva y deslizó un posible acto de “criminalización de una protesta” y en la que “pudo existir abuso de poder”.

El lunes hubo dos manifestaciones en Coronel Suárez, de la cual participaron unas 300 personas y en el cual hubo una formación de jinetes y caballos alrededor una rotonda que fue emblema en 2008 contra la resolución 125.

Durante la expresión opositora, los policías solicitaron el documento y domicilio de los productores que participaron del evento y este martes comenzaron a llegar las cédulas de notificación.

 

 

"Inocentemente dimos el número de DNI, porque no estábamos haciendo nada malo. Fue un acto tradicional al que fuimos a caballo y al aire libre. Los policías nos dijeron que no pasaba nada”, dijo Fernando Cifone, uno de los manifestantes.

“También marcaron que no sabían por qué querían ver estos datos, que solo les habían dado la orden de pedirlos, que no iba a pasar nada", agregó uno de los imputados.

Por su parte, María Garros, una productoras, que quejó porque "acá se hizo lo mismo que pasó en el resto del país, pero vimos cómo la policía le sacaban fotos a las patentes a los autos”. “Fue muy desagradable”, dijo.  

"Se han vivido muchas arbitrariedades acá, te dicen que te quedes encerrado, es impresionante las cosas que se viven en el interior. Este es un pueblo autoritario", insistió Garros.

 

 

Como descargo Moccero recordó que “no se pueden juntar más de 10 personas en un acto, se los advertimos a todo el mundo y ese día hubo más de 150 y se infraccionó a 70, y el resto se empezaron a ir a sus casas”.

Según el intendente, el 90% de los que participaron de la movilización lo hicieron por una motivación política. "Es el mismo grupo de siempre que se junta. Debieron haber ido al homenaje oficial donde estuvimos ocho personas", retrucó.

"Se les avisó que eran pasibles de la sanción, a medida que iban llegando a la rotonda se les iba advirtieron a la gente que se tenían que retirar. Hay un DNU, no hay que buscarle muchas vueltas. Yo hago respetar las leyes”, cerró Moccero.

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