El femicidio de Úrsula Bahillo (18) por su expareja Matías Martínez (25), un policía bonaerense con carpeta psiquiátrica y reiteradas denuncias por violencia de género, el pasado lunes en Rojas, despertó indignación popular y puso en el centro de las críticas al cuerpo policial y al sistema judicial.
Marta Montero, mamá de Lucía Pérez e integrante de Familiares de Víctimas de Femicidios, habló sobre las trabas del sistema judicial para condenar a los culpables y exigió que “haya un cambio estructural en la justicia” y que no incluyan más “agresores con antecedentes” en la Policía bonaerense.
Si bien se trata de un reclamo constante desde hace años por parte de los familiares de las víctimas, el femicidio de Úrsula Bahillo en Rojas visibilizó la impotencia del Estado para evitar el desenlace fatal, a pesar de la insistencia de la víctima en denunciar a Martínez.
“Lo de Úrsula fue tan doloroso”, explicó Montero a Diputados Bonaerenses y añadió que “seguir sumando víctimas y ponerlo en evidencia es terrible, es volver para atrás y darse cuenta que se siguen cometiendo los mismos errores”.
Montero denunció que “la justicia no la escuchó” a Úrsula, porque “solo dio una perimetral”, cuando Martínez era una persona con antecedentes y contactos en la Policía provincial, y aclaró que los femicidas “están dispuestos a pasar esa línea simbólica si la justicia no hace nada”.
“A la vista está que las herramientas que la justicia ha dado no sirven para nada”, sentenció la mamá de Lucía Pérez, la adolescente brutalmente asesinada en Mar del Plata en 2016, y definió que “no nos sirve que nos encierren a las mujeres cuando hacemos la denuncia”.
En ese sentido, Montero explicó que luego de una denuncia “al que hay que encerrar es al violento, es al que hay que educar y ayudarlo, para que no cometa lo peor” y sentenció que “sin embargo la justicia se ensaña con la mujer”.
“Si eso funcionara no tendríamos 44 muertes por femicidios este año”, afirmó Montero y propuso “un cambio estructural en la justicia en todos los niveles, porque hasta en el pueblo más chico tiene que haber una coordinación del trabajo para que se modifique”.
Otro de los aspectos álgidos del femicidio de Úrsula Bahillo tuvo que ver con que Matías Martínez, su agresor, pertenecía a la Policía Bonaerense y tenía varias denuncias por violencia y abuso sexual previas.
Al respecto, Montero insistió en que “no puede haber una persona con antecedentes de violencia en una fuerza de seguridad”. “Está bien, le sacaron el arma, pero ¿y? puede matar con una Gillette, un cuchillo, hasta con sus propias manos”, determinó.
Por lo mismo, Montero evaluó que de esa manera “vamos siempre detrás” y que “al final el Estado es cómplice” porque “el trabajo del Ministerio de Mujeres no alcanza, si en un pueblo como Rojas, la chica va a hacer una denuncia que se tira a la basura porque los compañeros de Martínez lo apañan”.
Tras conocerse el pasado de Martínez, desde Familiares de Víctimas de Femicidios renovaron el reclamo por una justicia menos patriarcal, e insistieron elevar un pedido de audiencia con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el quinto que entregaron en Casa Rosada en los últimos cuatro años.
La misiva la presentaron el pasado martes, en un acto en Plaza de Mayo, donde leyeron los nombres de las 44 víctimas de femicidio en lo que va del año. Hasta el momento no obtuvieron respuesta de Alberto Fernández, como tampoco del expresidente, Mauricio Macri, en su momento.
De todas maneras, la última movilización consiguió la atención del público y los medios y hubo réplicas en ciudades como La Plata y Mar del Plata, donde también se convocaron familiares que aún mantienen el reclamo de justicia por sus hijas.
“Nosotros sabemos lo que se puede hacer, porque hemos tenido que aprender con el duro dolor de la muerte de nuestras hijas”, relató Montero sobre la solicitud de audiencia y agregó que “del otro lado no se nos escucha porque no se quiere reconocer los femicidios”.
A pesar del silencio a la demanda, Montero se mostró confiada y afirmó que “creo en su buena voluntad”, en relación al Presidente, y adelantó a este medio que “tuvimos iniciativa para comunicarnos con legisladores y empezar a trabajar proyectos de ley para cambiar la justicia”.
Es que, lejos de tratarse de un caso aislado en la provincia de Buenos Aires, el femicidio de Úrsula Bahillo se parece a la situación de muchas jóvenes que fueron víctimas de personal policial. En ese sentido, desde la Defensoría del Pueblo bonaerense destacaron que “es un flagelo que se viene registrando en los últimos años”.
El Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello, explicó esta semana que “solo en el primer semestre de 2020” hubo “28 investigaciones penales preparatorias de violencia institucional” asociadas a “Violencia Familiar y Género”, lo que arroja “un promedio de un caso por semana en territorio bonaerense”.
Los datos surgen de La Procuración de la provincia de Buenos Aires y desde la Defensoría remarcaron que en todos los casos están “involucrados agentes de fuerzas de seguridad, en su mayoría integrantes de la Policía bonaerense”.
Sin embargo, también se incluyeron casos con denuncias a policías locales, del Servicio Penitenciario, de la Policía Federal, del Ejército y de Gendarmería, lo que implica un problema más grande y muy antiguo, si se cuenta que en los últimos diez años, 48 mujeres murieron a manos de un policía por violencia de género en el territorio provincial.
