El Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo de Ernesto Kreplak, investiga desde febrero pasado una denuncia por estafa y falsificación de documento público que realizó una persona migrante y salpica de lleno al intendente de La Plata, Julio Garro.
Por estas horas la Justicia se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas para corroborar la posible comisión de los delitos. Como parte de la instrucción el magistrado ordenó a mediados de agosto un allanamiento a una oficina municipal, que por supuesto no trascendió en ningún medio.
En las últimas horas además el Juzgado de Kreplak pidió información a la Dirección Nacional de Migraciones, el organismo dependiente del Ministerio del Interior que efectuó la denuncia penal por irregularidades, para conocer desde donde se realizó el trámite que está siendo investigado.
Todo comenzó cuando una mujer extranjera denunció que le cobraron una “eximición de tasas” que en la oficina municipal allanada para conseguir la “radicación precaria”, un permiso provisorio que generalmente se realiza hasta reunir los requisitos para conseguir una “radicación temporaria o permanente”.
La mujer se dio cuenta que la “eximición de tasas”, un trámite que ronda los $3.000, figuraba como duplicada, con dos nombres diferentes. Es decir, que en el Municipio platense se les habría cobrado a dos personas extranjeras por el mismo documento público. Un verdadero escándalo.
Uno de los que sacó a la luz el tema fue el concejal del Frente de Todos, Guillermo “Nano” Cara, quien sostuvo que, de esta manera, “Julio Garro habría encontrado un nicho con el cual utilizaba a los inmigrantes para su conveniencia política”.
Ahora la investigación judicial se centra en determinar si existió una metodología de “trámites espejos” o duplicados con el objetivo de perjudicar a las personas migrantes que iniciaban los trámites para su radicación en el país y montar una “caja paralela”.
A este circuito por demás llamativo se le suma que la creación de la oficina municipal “no consta en los papeles oficiales de la Comuna”. “Se trataría, de ser cierta la denuncia, de una maniobra de recaudación de dinero de manera ilegal, en un claro acto de corrupción política”, dijo Cara.
El concejal platense precisó que “se trata de una oficina cuyo cartel reza ‘oficina de migraciones’, a dónde llegan los papeles para establecer la radicación”. Lo raro es que la dependencia municipal y las designaciones de los funcionarios no figuran en el Boletín Oficial. Sería una oficina “fantasma”.
“Genera suspicacias la existencia de una Dirección de Migraciones, ya que la política migratoria es una prerrogativa del Estado Nacional, y el Municipio lo que puede hacer es ayudar a la población en el trámite, pero utilizar semejante nombre genera la pregunta del para qué buscar generar una confusión”, añadió Cara.
Otra irregularidad: cuando la Justicia realizó el allanamiento a la dependencia municipal de 21 y 49 la persona sindicada de realizar el “trámite espejo” se encontraba de “vacaciones”. “Todavía sigue de vacaciones, y lo que sospechamos es que lo que ha hecho correr a esta persona al medio, para que no siga escalando en la denuncia la responsabilidad de los distintos funcionarios públicos que están por encima de ella”, explicó Cara.
Esta semana el edil platense elevó un pedido de informes al Concejo Deliberante, donde el garrismo tiene mayoría. “Necesitamos saber cuánto es la recaudación ilícita que se puede presuponer que se llevó adelante y quiénes son los responsables de esta denuncia”, enfatizó.
“Esperamos de verdad que este pedido de informe no pase como un papel en las comisiones. Lo que está planteando la Justicia es que el Municipio se ponga a disposición, que eleve todas las pruebas y que además tengamos todos y toda una respuesta en términos públicos, políticos e institucionales”, añadió.
Fuentes allegadas al expediente explicaron a Diputados Bonaerenses que “si bien es una sola denuncia hubo muchas situaciones de personas migrantes que iban a buscar su documentación y no existía ningún trámite iniciado”. “Llega gente con todo tipo de reclamos y los empleados están amenazados”, advirtieron.
En ese sentido, explicaron que “Migraciones es el único organismo que tiene potestad que exigir documentación de este tipo y en ninguna dependencia del organismo nacional se cobra por mostrador como ocurre en la oficina de La Plata”.
“Están jugando con fuego. Con Photoshop modifican los datos, se completan con información falsa y se le cobra una tasa que no debería. Es el menudeo del sistema que crearon. Los concejales nunca encontraron nunca el decreto de la oficina ni los funcionarios”, se explayaron. Se espera que en los próximos días haya novedades en la causa con un nuevo allanamiento.
La denuncia penal salpica al intendente Julio Garro
La oposición platense considera que “es imposible que no haya conocimiento interno institucional” por parte de julio garro la plata sobre lo que estaba ocurriendo. “Existen otros tantos funcionarios y ex funcionarios municipales con causas pesadísimas de los cuales el intendente Garro jamás ha dado alguna explicación pública”, objetó Cara.
“Podría seguir nombrando causas judiciales que todavía están en este momento, como las de las cooperativas que están en la fiscalía del Doctor Garganta, de las cuales nunca tenemos una respuesta, y nadie nos da la información que la ciudadanía necesita”, añadió el concejal platense.
Diputados Bonaerenses dio cuenta de la escandalosa denuncia que inició la ex concejala platense Florencia Rollié por una presunta malversación de fondos de por lo menos $2.085 millones en el manejo de cooperativas de barrido, limpieza y recolección de residuos.
Esa causa tiene un largo derrotero en la Justicia y tiene implicados a un conjunto de funcionarios municipales cercanos a julio garro twitter. Por caso, en informes del Tribunal de Cuentas bonaerense aparece mencionado la pareja de la actual precandidata a diputada provincial, Julieta Quintero Chasman.
Además, dos de las carteras apuntadas en esa denuncia penal son las de Gobierno, antes comandada por Nelson Marino y ahora a cargo de Marcelo “Chuby” Leguizamón, y la de Espacios Públicos, a cargo de José “Pepe” Echart. Sobre esta investigación tampoco hubo declaraciones de Garro.
El pedido de informes por la oficina "fantasta" y el circuito ilegal de recaudación
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