El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, recibirá este viernes a un grupo de familias y organizaciones políticas que fueron habían tomado el predio de Guernica, de Presidente Perón, y que ayer los accesos del Puente Pueyrredón.
Desde las 13 horas, los vecinos desalojados concentrarán en la estación de trenes de la capital bonaerense y desde allí marcharán a la sede de la cartera que conduce Larroque, quien les abrirá la puerta a partir de las 14 horas.
"Estamos trabajando desde hace cuatro meses y, si bien el 29 de octubre fue el desalojo, previo a eso 734 familias acordaron con el Estado retirarse de la toma y luego se sumaron 260 familias más que estaban censadas", explicó Larroque.
Asimismo, el Ministro agregó que por estas horas, están “con el proceso administrativo que hay que desarrollar para que se pueda habitar; tenemos que tener el terreno en posición del Estado y realizar las obras". "Creemos que en cuatro meses lo vamos a tener resuelto", vaticinó.
Mientras tanto, desde Provincia sostienen que se está asistiendo “con ampliaciones habitacionales, subsidios para el pago de alquiler, asistencia sanitaria y alimentaria”. Además, explicaron que hay 200 familias sin censar “pero quisieron firmar, y estamos analizando su situación social".
Como informó Diputados Bonaerenses este jueves, la protesta fue acompañada por organizaciones de izquierda encabezadas por el Polo Obrero y el Movimiento de Agrupaciones Clasistas, en apoyo a las demandas de familias que fueron desalojadas en octubre pasado.
Desde el operativo en el predio de Guernica, fueron mantenidas diferentes reuniones con organizaciones que oficiaron de mediadoras e, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), como así también con representantes del Polo Obrero y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
Sin embargo, el 29 de octubre pasado la justicia ordenó el desalojo de los terrenos, donde alrededor de 100 hectáreas habían sido tomadas desde el mes de julio. El operativo contó con 4.000 efectivos policiales, se extendió por dos horas y culminó con alrededor de 30 detenidos.
La decisión corrió por cuenta del juez Martín Rizzo, quien había fijado como fecha límite el 30 de octubre, luego de prórrogas anteriores que habían sido acordadas con las autoridades provinciales para avanzar con el proceso de relocalización de las familias.
