El lunes por la madrugada se conoció la muerte de cuatro jóvenes en San Miguel del Monte en medio de una persecución fatal dirigida por efectivos de la Bonaerense. El episodio que pone otra vez en el centro de la escena a la “maldita policía” rápidamente generó una masiva pueblada en la localidad interior bonaerense.
La noticia tardó en repercutir en el arco político, todavía atravesado por el anuncio de la ex presidenta Cristina Kirchner. Con el correr de las horas se plegaron diferentes voces que apuntaron a la responsabilidad del ministro de Seguridad Cristian Ritondo, al tiempo que se ponía en relieve un presunto pacto de impunidad.
Así fue que el grave episodio resonó fuerte los últimos dos días de la semana en la Legislatura de la provincia. Primero fue el bloque de diputados de Unidad Ciudadana que presentó un pedido de informes para que el funcionario de María Eugenia Vidal explique los protocolos que se pusieron en marcha.
En paralelo, sus pares de la Cámara alta bonaerense anunciaron que avanzarían en el mismo sentido. “Fue un hecho de una brutalidad tremenda que muestra que fallaron todos los controles hacia el interior de la fuerza y Ritondo es el responsable político”, expresó el senador de la quinta Gervasio Bozzano.
A este pedido de informes se le suma otro proyecto que presentó sobre el final del viernes la bancada de diputados k, que lidera la legisladora platense Florencia Saintout, que exige la interpelación de Ritondo para que “en forma personal, verbal y urgente brinde respuestas sobre la masacre de Monte”.
“Vidal y Ritondo tienen una clara responsabilidad en estas muertes, ante la desmedida libertad y apoyo simbólico y manifiesto a las fuerzas de seguridad provinciales ante diferentes hechos donde utilizaron su poder represivo”, detallan los legisladores en los considerandos de la iniciativa.
El texto, que lleva la firma de 14 diputados, pide que el funcionario de Seguridad informe los protocolos vigentes en la Bonaerense para llevar adelante los operativos y las persecuciones, a la vez que requiere conocer qué formación reciben los efectivos y que controles psicológicos recaen sobre ellos.
“La exaltación del gatillo fácil –doctrina Bullrich/Chocobar-, las masacres de las comisarías de Esteban Echevrría y Pegamino y el incremento de la represión en la protesta social bajo el gobierno de Cambiemos afectan gravemente el Estado de Derecho”, continúa en sus fundamentos el texto.
LAS CLAVES DE LA CAUSA
Por estas horas, la investigación que dirige la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, tiene a cuatro efectivos de la policía de Ritondo acusados de “cuádruple homicidio doblemente agravado (por abuso de función y por uso de arma)” y de “tentativa de asesinato”.
Asimismo, hay dos agentes imputados por los delitos de “encubrimiento”, y otro otros dos por “falsedad ideológica en instrumento público”, por la adulteración de las declaraciones de los testigos que desde el principio dijeron que habían escuchado “disparos” proveniente de los móviles policiales.
A esta altura la Justicia tiene claro que no se trató de un accidente sino de un asesinato en el que hubo una persecución, disparos y el choque del Fiat 147 en el que viajaban los cinco jóvenes. En simultáneo, toma fuerza la hipótesis que el episodio esconde una trama aún más grave.
En concreto, según una denuncia que llegó al gobierno nacional, los chicos habrían visto a los policías en medio de una transacción narco. Una serie de audios anónimos que serían de agentes de San Miguel del Monte horas después de la masacre abonan esa suposición.
Los familiares de las víctimas también apuntaron a ese rumbo: “Quizás los chicos vieron a los policías en una situación comprometedora”. Ese concepto también fue ratificado ayer por la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich durante una conferencia de prensa.
“Lo que el ministerio ha recibido, que hay que ver si es verosímil o no, son pruebas que enviamos al fiscal y demuestran algo más complejo que el sólo hecho de haber detenido un auto y haberle tirado”, expresó la funcionaria de Mauricio Macri.
EL CASO
La persecución fatal de “las patrullas de la muerte” ocurrió durante la madrugada del lunes pasado en la Colectora 9 de Julio a la altura del kilómetro 111 de la Ruta 3 en San Miguel del Monte y se desencadenó tras el llamado de un vecino al 911.
La alerta fue por la presencia de “un auto sospechoso” en el barrio Montemar, sobre la costanera, cercano a la laguna de Monte. El vehículo en cuestión era un Fiat 147 blanco en el que iban los cinco jóvenes, cuatro menores y uno de 24 años.
Al acercarse un móvil policial a la zona, siempre según el relato de vecinos, este comenzó a seguirlos a baja velocidad y pocas cuadras después un segundo patrullero los encerraron obligándolos a detener la marcha. Allí un policía habría dado la voz de alto y bajado con su arma desenfundada.
En ese momento el 147 escapó a toda velocidad, dando paso a una persecución. Todo terminó cuando el Fiat impactó al llegar a la Ruta 3 con el acoplado de un camión perteneciente a una empresa de Olavarría, que se encontraba detenido en la colectora, a la altura del kilómetro 111.
De los cinco ocupantes del Fiat, cuatro murieron y una menor de 14 años se encuentra en grave estado internada en el hospital El Cruce de Florencio Varela. El auto, en tanto, quedó dividido en dos partes, que terminaron a 50 metros una de la otra.
El coche era manejado por Carlos Aníbal Suárez (22), que iba con Camila López (13), Danilo Sansone (13) y Gonzalo Domínguez (14). También los acompañaba Rocío Guagliarello (13).
