En momentos en donde en la Legislatura bonaerense se comienzan a negociar los trazos gruesos del Presupuesto 2023 y de la Ley Impositiva, el PRO de la provincia de Buenos Aires volvió a ratificar su cerrado rechazo a habilitar el debate en el recinto de la Cámara de Diputados del proyecto de reforma del Bapro que lleva la firma del gobernador Axel Kicillof.
El partido opositor difundió un comunicado en el que reiteró su postura refractaria a facilitar la discusión de “cualquier modificación política y política” al régimen jubilatorio del Banco Provincia. “No vamos a permitir que se siga insistiendo en aumentar el déficit para sostener las jubilaciones de unos pocos, imponiendo antiguas reglas de juego que hacen insostenible al sistema previsional. Así, se pone en peligro el futuro de la protección social de los propios trabajadores del banco”, sentenciaron.
El proyecto de reforma del Bapro fue girado por el Gobierno de Kicillof a la Legislatura bonaerense con el objeto de modificar la Ley 15.008 que fue sancionada en 2017 durante la administración de María Eugenia Vidal y, dentro de otros ítems, les quitó el 82% móvil a los jubilados del Banco Provincia.
Vale destacar que, la iniciativa que volvió a criticar el PRO bonaerense cosechó en las comisiones de la Cámara baja los cuatro dictámenes necesarios para llegar al recinto, pero el Frente de Todos todavía no pudo enhebrar los acuerdos necesarios para que se avance con su tratamiento. El propio Kicillof reclamó en varias oportunidades a la oposición que ayuden a “arreglar” el conflicto en torno al régimen jubilatorio de los trabajadores del Banco Provincia.
Es que, los jueces de la Suprema Corte de Justicia bonaerenses vienen pidiendo a los legisaldores que encuenten una “solución política” al tema, habida cuenta de las cinco mil demandas judiciales iniciadas por trababajadores pasivos del Bapro que le podrían constar a la provincia de Buenos Aires unos $30 mil millones. Los supremos dieron tiempo a los parlamentarios hasta el 14 de diciembre, momento en el que planean, si es que no tercia la política, declarar la inconstitucionalidad de la Ley 15.008.
“Es intolerable e injusto que en una provincia donde el 45% de sus habitantes viven en la pobreza, estos estén obligados a financiar las cuentas en rojo de una caja que tiene reglas previsionales mucho más beneficiosas que las de la inmensa mayoría de los bonaerenses. La Ley 15.008 eliminó esta injusticia, pero además se empezó a sanear la caja, se le otorgó mayor sustentabilidad y una visión der mayor equidad”, remarcaron desde el PRO bonaerense.
La caja previsional del Bapro en lo que va de 2022 recaudó unos $28 mil millones, pero lleva pagados más de $48 mil millones. En este contexto, se calcula que el déficit anual aclanzaría los $35 mil millones, a lo que se sumarían los 30 mil millones de la oleada de demandas judiciales en curso. Se trata de un tema sin resolución que enciende las alarmas en la Gobernación bonaerense, en La Plata.
Es necesario recordar que a principios de año hubo algunos entendimientos entre el Frente de Todos y Juntos para tratar el proyecto de reforma del Bapro, pero la intervención de la jefatura porteña del PRO quebró esos compromisos. En tanto, en el radicalismo se muestran proclives a buscar una “solución política” como la que reclama la Suprema Corte de Justicia, pero enfrentan la resistencia de sus pares de Propuesta Republicana.
El comunicado de la conducción del partido amarillo en la provincia de Buenos Aires fue compartido por su titular, ahora funcionario porteño, Jorge Macri, por el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, por su par de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y por el exministro de Seguridad Vidal, Cristian Ritondo. Además, el mensaje fue replicado por el jefe de los senadores bonaerenses de Juntos, Christian Gribaudo.
Es intolerable que el PRO sostenga que el 82 por ciento movil es privilegio. Deberían dar cuenta de las quitas a ANSES a nivel nacional para pagar la deuda externa y deberían dar cuenta en la provincia de decadas en las que no existe un control para que los empleadores paguen lo que en derecho corresponde. Se trata del aporte que deben los empresarios que contratan sin convenio sin contrato y no de los trabajadores que obviamente “e negro” no aportan el sistema provisional esta en estas condiciones por la ESCASA O NULA VOCACIÓN POLÍTICA DE RECUPERAR DE LOS EMPRESARIOS LOS APORTES.