Este jueves, el Gobierno nacional decidió enviarles otra advertencia a los Gobernadores y legisladores de Juntos por el Cambio que no apoyen la “ley de bases y puntos de partida para los argentinos“, más conocida como “ley ómnibus“, al anunciar que planifican “crear una fiscalía especial que se encargue de investigar la corrupción de los funcionarios públicos”.
En rigor, el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada anticipó que el “ministro de Justicia (Mariano Cúneo Libarona) le va a sugerir al procurador general, Eduardo Casal la creación de una fiscalía especial” que se “enfocará especialmente en los casos de enriquecimiento político e incrementos patrimoniales no justificados”.
Asimismo, Adorni detalló que las investigaciones que realice la fiscalía especial abarcarán a “funcionarios nacionales, provinciales y legislativos”, lo cual suma tención para con los Gobernadores provinciales. Principalmente con los de Juntos por el Cambio, ya que reflota un tema poco grato para los líderes de la coalición.
“Vamos a recuperar todos los bienes producto del delito. Nunca el delito puede producir beneficio”, aseguró el vocero presidencial. Pero desde la Casa Rosada dejaron trascender que todo lo que se recaude de esas causas judiciales para la población argentina.
Si bien, el dato parece no estar relacionado con la lucha que llevan adelante los Gobernadores de Juntos por el Cambio en torno al tema de la suba de las retenciones regionales de la ley ómnibus. Se trata de un tema ríspido de interna con La Libertad Avanza, que está en mesa de discusión al menos desde el 2023.
En esta línea, Cúneo Libarona había anticipado antes de que se presente la ley ómnibus que una de las reformas que tenía en agenda para su periodo como al frente del Ministerio, sería la creación de un área especializada en los delitos de corrupción tanto para el sector Ejecutivo como Legislativo y Judicial.
La antesala de este conflicto desde la creación de la Oficina Anticorrupción en la presidencia del líder de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, la cual, con Laura Alonso a la cabeza, fue duramente cuestionada por su accionar selectivo para los con funcionarios. Se la acusaba de solamente investigar a aquellas personas que habían ocupado cargos en el Ejecutivo en la gestión de Cristina Kirchner, y no hacer lo mismo con los propios.
De todos modos, la crítica de Libarona para con las investigaciones judiciales tampoco apuntaron en aquel momento a la Oficina Anticorrupción, sino también a la Unidad de Información Financiera (UIF). “Los organismos del Estado, la UIF y OA, no son organismos de persecución. No está en mi función salir a buscar delitos. Acá se desnaturalizaron los organismos”, señaló entonces.
En ese contexto, el primero que le respondió fue el titular de la UIF cuando Macri fue presidente, Mariano Federici, que le indicó a Cúneo Libarona que “el argumento de la ‘persecución’ no es más que la construcción de un relato falso”. Es que con las críticas del nuevo Ministro de Justicia se reavivaron las críticas para con el accionar de las oficinas.
Asimismo, la advertencia que hizo en las últimas horas el vocero presidencial quien volvió a reiterar que “no hay negociaciones” sobre la ley ómnibus con ningún sector, estuvo acompañada por la del ministro de Economía, Luis Caputo, que dio luego de que el Congreso dictaminara a favor del proyecto y que luego recibió el apoyo de su par del Interior, Guillermo Francos.
Vale precisar que, en la jornada del miércoles, Caputo reiteró en sus redes sociales que en caso de que no se aprobase la ley ómnibus con todos sus ítems en materia económica, las partidas presupuestarias que tiene en agenda el Gobierno nacional para con las provincias se verán recortadas. “No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato de equilibrar las cuentas fiscales”, justificó.
En ese orden, Francos este jueves insistió con la hipótesis de que no se trató de una amenaza, sino que se trató de una aclaración por parte de Caputo, que no cree tener aún los recursos necesarios para lograr su objetivo en la cartera de economía. “Vamos a sufrir más porque tenemos que cortar muchos más gastos”, excusó.
Por su parte, los Gobernadores de las provincias de Juntos por el Cambio continúan con las sendas reuniones con sus aliados en la Cámara de Diputados de la Nación, a quienes les advirtieron que no acompañen la ley ómnibus hasta que no se quite el ítem del aumento de las retenciones regionales.
Asimismo, los legisladores negocian con los referentes de La Libertad Avanza en el Congreso para poder continuar con la aprobación de la ley ómnibus y por estas horas reina las conversaciones que ponen a prueba la capacidad política del nuevo gobierno.
