Este martes a primera hora, la diputada bonaerense de la Unión Cívica Radical (UCR), Belén Malaisi, rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/25 firmado por el presidente Javier Milei, que establece un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin la aprobación previa del Congreso nacional, tal y como lo establece la Constitución.
En el posteo que realizó en sus redes sociales, Malaisi expresó su preocupación por lo que considera una “violación de la Constitución Nacional, ya que este tipo de decisiones deben ser aprobadas por el Congreso y no pueden tomarse de manera unilateral por el Poder Ejecutivo”.
De esa manera, la integrante del radicalismo oriunda de San Andrés de Giles manifestó su rechazo a través de sus redes sociales, y advirtió que el decreto que lleva la firma de Milei no solo otorga facultades inconstitucionales al presidente, sino que también sienta un precedente grave para la institucionalidad del país.
“En una muestra de desprecio absoluta a nuestras instituciones y sin precedentes, el Gobierno nacional procede de manera ilegal e inconstitucional a cerrar un nuevo acuerdo con el FMI“, escribió la radical con banca en la Legislatura bonaerense, que fue la primera diputada de su bloque en repudiar el decreto del Presidente.
Al igual que los diputados nacionales de Unión por la Patria, Malaisi destacó el “rol central que la Constitución nacional le otorga al Congreso” en materia de endeudamiento, y recordó que el Parlamento es el único órgano encargado de aprobar acuerdos sobre deudas y empréstitos del Estado.
Es que, tal y como argumenta Malaisi en el posteo que realizó en sus redes sociales este martes por la mañana, el Congreso es la representación de la totalidad de espacios políticos, y es allí “donde debe reposar el acuerdo que compromete a los partidos que en el futuro pueden acceder al ejecutivo”.
Para reforzar su postura, Malaisi citó la Ley 27.612, de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, sancionada en 2021 por el propio Congreso, que establece con claridad que cualquier acuerdo de endeudamiento con el FMI u otro organismo debe contar con la aprobación del Poder Legislativo.
Según la diputada de la UCR, la citada legislación complementa lo escrito en la Constitución Nacional, y su propósito es “evitar que el Poder Ejecutivo tome decisiones trascendentales para la vida y economía de todos los argentinos sin la debida discusión en el Congreso“.
En ese sentido, la legisladora radical advirtió que los acuerdos de deuda comprometen al Estado nacional más allá del Gobierno de turno, por lo que resulta fundamental que sean debatidos en el ámbito legislativo, donde están representados todos los espacios políticos. “De lo contrario, se corre el riesgo de repetir episodios históricos en los que se han firmado acuerdos sin transparencia ni consenso, afectando a generaciones futuras”, completó Malaisi.
En tanto, Malaisi aseguró que el DNU 179/25 excede las atribuciones del Poder Ejecutivo y constituye un “precedente que el Estado de Derecho no puede dejar pasar por alto”, al tiempo que calificó la medida como “insalvablemente nula de nulidad absoluta”, dejando entrever que podría haber futuras impugnaciones legales contra el decreto.
En última instancia, la diputada hizo un llamado a las fuerzas democráticas para que se pronuncien en contra del DNU, y advirtió que “aceptar este tipo de decisiones sin objeciones debilita la institucionalidad del país”. “Las normas están diseñadas para garantizar el equilibrio de poderes y evitar que un solo órgano del Estado concentre decisiones que afectan a toda la sociedad”, concluyó.
Es preciso mencionar que, el rechazo de la UCR al decreto de Milei se suma a las críticas de otros sectores de la oposición, que también cuestionaron la legalidad de la medida y adelantaron que podrían presentar recursos ante la Justicia para frenar su aplicación. Mientras tanto, el Gobierno Nacional defiende la decisión argumentando la “necesidad de avanzar con el acuerdo” para garantizar la estabilidad financiera del país.
El debate sobre el DNU 179/25 no solo refleja una disputa política, sino que pone sobre la mesa una discusión más profunda sobre los límites del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones económicas y el rol del Congreso en la aprobación de acuerdos internacionales. Con la oposición movilizada y una denuncia penal ya en marcha, el futuro del decreto se concreta como el nuevo foco de tensión entre el oficialismo y la oposición.
