Referentes de derechos humanos de Mar del Plata este martes denunciaron penalmente a 15 concejales de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza que el pasado 8 de agosto aprobaron la convertida ordenanza que permitió la instalación de un bar en el predio de El Faro, que en la dictadura militar funcionó como centro clandestino de detención.
En rigor, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Delitos Económicos por referentes de organismos de derechos humanos de Mar del Plata, y además de los concejales, también alcanza a los responsables de la Asociación Vecinal de Fomento Faro Norte y a la empresa Gin Restinga, conocida como Burbarrel SA, que quiere poner un bar en el inmbueble del excentro de detención de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (Esim).
En ese sentido, los concejales que fueron denunciados por delitos de abuso de autoridad, administración fraudulenta y defraudación a la administración pública fueron Agustín Neme, Guillermo Volponi, Cristian Beneito, Julián Bussetti, Florencia Ranellucci y Mercedes Morro (PRO); Marina Sánchez Herrero, Marianela Romero, Daniel Núñez, Gustavo Pujato y Ricardo Liceaga Viñas (UCR); Angélica González y Guido García (Coalición Cívica); y Cecilia Martínez y Emiliano Recalt (La Libertad Avanza).
Vale recordar que, la ordenanza 26.400 autorizó el permiso de uso y de ocupación de una parte de la parcela del predio municipal de El Faro, ubicado en Avenida de los Trabajadores 5700, para la Asociación Vecinal de Fomento Faro Norte. En ese sentido, se permite a la entidad cederle dicho terreno a la empresa Gin Restringa, que quiere instalar un negocio gastronómico en el sitio que alguna vez fue utilizado por las autoridades militares.
En la denuncia, referentes de DD.HH. de Mar del Plata apuntan contra las autoridades del grupo vecinal, Andrea Trueba y Rebeca Mosqueda, por administración fraudulenta y defraudación a la administración; y contra los líderes de Gin Restringa, por las mismas causas sumado al delito de cohecho. Si bien el proyecto de ley de El Faro fue elevado directamente por el Gobierno marplatense, ningún funcionario del Ejecutivo figura en el documento legal.
En esta línea, los denunciantes han solicitado una medida cautelar que prohíba las actividades relacionadas con el bar hasta que se resuelva la situación legal, alegando que existen “negociados” y una “maniobra defraudatoria” que favoreció a Gin Restinga, a través de una triangulación entre la empresa, la organización vecinal y los concejales.
Asimismo, los militantes de DDHH de Mar del Plata exponen que los concejales que aprobaron la habilitación de un bar en El Faro habría actuado “con dolo”, ya que eran conscientes de que estaban infringiendo las legislaciones correspondientes de derechos humanos. No obstante, desde el oficialismo señalan que las leyes vigentes no contemplan que el predio sea parte del excentro clandestino de detención.
En la denuncia, también se mencionan irregularidades en el procedimiento legislativo, como la falta de dictamen de la Secretaría Legal, Técnica y Hacienda, y la ausencia de un estudio de impacto ambiental actualizado, elementos que habrían sido ignorados en la sanción de la ordenanza de El Faro.
Qué penas afrontan los concejales de Mar del Plata por la ordenanza de El Faro
La denuncia se basa en diversas normativas, incluida la Ley 27.401 de Responsabilidad de las Personas Jurídicas, que contempla delitos como cohecho y tráfico de influencias. En el documento, los referentes de DDHH de Mar del Plata aseguran que los concejales habrían actuado con conocimiento de que estaban violando la legislación correspondiente.
Por esta razón, los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, de los que están acusados los ediles que aprobaron la ordenanza del bar en El Faro, están penados con prisión de un mes a dos años y pueden acarrear inhabilitación especial.
Sumado a esas penas, la situación se podría agravar para los concejales ya que, durante el debate en el que se dio luz verde a la polémica ordenanza, se realizaron advertencias sobre las implicaciones legales de la ordenanza por parte del concejal peronista Horacio Taccone, lo que refuerza las acusaciones de dolo.
Los denunciantes ya habían intentado frenar la ordenanza a través del fuero Contencioso Administrativo, pero el juez Simón Isacch declaró la cuestión “abstracta” tras la formalización de la normativa. La controversia continúa en el ámbito judicial, mientras los organismos de derechos humanos exigen una revisión exhaustiva de la situación.
