El Concejo Deliberante de Mar del Plata sancionará el próximo viernes el proyecto del interbloque de Juntos para regular la zona roja, luego de que la iniciativa oficialista se aprobara hoy por mayoría en la triple reunión de comisiones en el recinto.
El proyecto, que el viernes se convertirá en ordenanza, sostiene que el lugar y los horarios habilitados para el ejercicio de la prostitución en la vía pública serán determinados en un futuro por el Poder Ejecutivo y contempla la aplicación de multas y penas de arresto para los infractores locales.
El dictamen oficialista se impuso esta mañana por una mayoría de 13 sobre los 23 integrantes de las comisiones de Seguridad, Género y Legislación del Concejo Deliberante de Mar del Plata: 11 del interbloque de Juntos, el voto doble decisivo del integrante de las comisiones de Seguridad y Género, Nicolás Lauría, 8 sufragios del Frente de Todos y 2 de Acción Marplatense.
Cabe señalar que, el proyecto para regular la zona roja de Mar del Plata fue presentado por el intendente local de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro.
La futura ordenanza dictamina que el Ejecutivo establecerá a futuro una zona con horarios habilitados para el ejercicio de la prostitución, la cual no podrá estar en barrios residenciales y deberá ser consultada previamente a diversos sectores institucionales y de la comunidad.
La iniciativa oficialista también obliga a implementar políticas sociales y sanitarias para la atención de las personas que ejerzan la prostitución en las calles de Mar del Plata, contenido que ya existe en los denominados Programa Reparar y Farola.
Es preciso mencionar que, luego de que el proyecto para regular la zona roja marplatense sea aprobado por las comisiones del Concejo Deliberante, el interbloque de Juntos informó que quedó excluido un anexo de la iniciativa, donde se creaba el “Espacio Mixto de Participación Ciudadana”.
La propuesta tenía como función la elaboración de pautas estatales para prevenir la violencia en la zona roja de Mar del Plata y también para controlar la eficiencia de los procedimientos de las instituciones del Estado.
