Ante una masiva marcha de jubilados para el próximo 19 de marzo, organizaciones civiles y sociales se sumarán tras los incidentes del miércoles pasado, que dejó un saldo de más de 100 detenidos y el fotógrafo Pablo Grillo, herido de gravedad, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich refuerza el operativo policial.
Es que, ante la brutal represión del miércoles pasado, el gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, afrontará el próximo 19 de marzo una nueva marcha de jubilados, que se prevé que será multitudinaria, ya que tendrá el acompañamiento, hasta el momento, de ambas CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (UTEP).
Además, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informó que también se sumará a marcha de jubilados del próximo miércoles bajo la consigna “A las calles con la celeste y blanca”, en una sugerencia para que quienes concurran lo hagan con camisetas de la selección argentina. En la misma sintonía que la concentración pasada cuando concurrieron hinchas de fútbol.
Ante la masividad de la marcha de jubilados, la cartera que conduce Bullrich prepara un mega operativo policial en coordinación con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con el objetivo de evitar los desbordes del miércoles pasado. De esta manera, a los mil efectivos desplegados en las calles se sumarán más uniformados de apresto. En paralelo, se realizarán controles en rutas nacionales y en los ingresos de la Capital Federal.
“Vamos a desplegar las mismas fuerzas, pero este miércoles vamos a sumar personal en apresto en distintos puntos estratégicos”, reveló un funcionario del Ministerio de Seguridad, luego de informar que se repetirán además los controles en los colectivos que circulan por la Ciudad y que incluyeron pedidos de identificación y cacheos a los pasajeros.
De esta forma, tras el respaldo del presidente Javier Milei a Patricia Bullrich, durante la Expo Agro 2025, el Ejecutivo nacional está decidido a mantener el operativo represivo de la semana pasada que incluyó la participación de Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
“Quiero agradecer la presencia de Bullrich, que vino a acompañarme a esta exposición, y por su enorme trabajo sosteniendo los valores de la República en todos los terrenos que ello lo requiera”, afirmó el Presidente.
No obstante, el jefe de Estado libertario fue por más y agregó: “Mi eslogan coincidía con alguien que competía conmigo. El que las hace las paga, los buenos son los de azul y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y queman autos y amenazan a la gente porque no quieren perder sus curros, son los malos y tienen que ir presos”.
Bullrich denunció a los organizadores de la marcha de jubilados
El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, junto al presidente de la Nación, Javier Milei, presentó una denuncia penal contra los organizadores de la marcha de jubilados e hinchas en el Congreso, tras los disturbios.
La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal y menciona como posibles responsables al exlíder montonero Mario Firmenich, al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y a grupos organizados.
Según la cartera nacional que conduce Bullrich, estos grupos habrían promovido los disturbios con fines desestabilizadores y sostienen que la violencia en la marcha fue orquestada con el objetivo de desestabilizar el gobierno de Javier Milei.
En la presentación judicial también se señala a Leandro Capriotti, vinculado al club Chacarita y presuntamente cercano al sindicalista Luis Barrionuevo. De acuerdo al Ejecutivo nacional, Capriotti habría coordinado a grupos de barrabravas para generar desorden en la marcha.
La acusación se basa en el artículo 8 de la Ley Antimafias N°27.786, que establece penas por la “asociación ilícita” en delitos contra el orden público. Desde el Ministerio de Seguridad, también se cuestionó la decisión de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de la mayoría de los detenidos y consideraron que esta decisión se tomó sin evaluar adecuadamente las pruebas ni los antecedentes penales de los arrestados.
En ese sentido, la denuncia destaca que varios de los detenidos tienen antecedentes por delitos graves, como lesiones, tenencia de armas y tráfico de estupefacientes por lo que la cartera de Seguridad nacional solicitó que se declare la incompetencia del juzgado de Andrade en este caso, debido a la gravedad de los delitos investigados.
En tanto, desde la administración libertaria no descartan la posibilidad de presentar una denuncia penal contra la jueza Andrade por presunto prevaricato ya que consideran que su decisión de liberar a los detenidos podría haber violado los deberes de un funcionario público.
