Luego de haberlo procesado en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan, el juez federal de Dolores, Martín Bava, notificó formalmente a la Dirección Nacional de Migraciones la vigencia de la prohibición de salida del país dictada al expresidente Mauricio Macri.
Según informaron fuentes judiciales, Bava envió la entrega de un oficio a Migraciones con la notificación de que el 1 de diciembre “se dispuso la prohibición de salida del país del imputado Mauricio Macri“, una medida que comenzó a regir desde su vuelta al país procedente de Chile.
Según argumentó el juez Bava en el fallo del miércoles pasado, está demostrado que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hizo espionaje ilegal contra familiares de los tripulantes del ARA San Juan entre 2017 y 2018, y que el expresidente Macri fue quien los ordenó.
En concreto, Macri fue procesado como “responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor” en “concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público”.
En este sentido, el fallo de Bava sostuvo que Macri conocía la existencia de los documentos del espionaje ilegal de la AFI y pese a ello, “permitió que se sigan realizando esas tareas por lo menos durante un año”. “Tuvo el dominio del hecho y por ende la potestad de hacer cesar el delito”, añadió.
En la resolución de 171 páginas, Bava dispuso no solo el procesamiento de Macri en el expediente, sino también un embargo por 100 millones de pesos y la prohibición de la salida del país. Ante esto, el expresidente acusó al magistrado de encabezar una “persecución” en su contra.
Con relación al fallo, la abogada de la querella mayoritaria, Valeria Carreras, aseguró que es “un logro y un alivio” la noticia del procesamiento por espionaje ilegal de Macri, y calificó como “irrefutables” las pruebas contenidas en los discos rígidos hallados en la AFI.
Según Carreras, los familiares del ARA San Juan eran espiados y maltratados. “Muchas eran mujeres que pedían la verdad y no representaba un peligro para la seguridad nacional, sólo para el proyecto político de Macri“, añadió.
Causa de espionaje ilegal
Según reconstruyó el juez, la AFI –desde su delegación Mar del Plata– se dedicó a seguir, fotografiar e infiltrar a los familiares. El accionar de los espías habría estado guiado por un objetivo: anticiparle a Macri cuáles serían sus reclamos en un tema que suscitaba interés nacional e internacional.
“La gravedad de los hechos aquí investigados constituye no solo una conculcación al sistema democrático y una violación a las garantías constitucionales, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado”, escribió Bava.
Cabe mencionar, que en la causa por supuesto espionaje ilegal ya hay 11 personas procesadas que se desempeñaban en la AFI, entre exfuncionarios y exagentes, por el supuesto espionaje ilegal a los allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan como así también del buque “El Repunte” y del buque “Rigel”.
Estos son: el exdirector general de la AFI, Gustavo Arribas; la exsubdirectora, Silvia Majdalani, el exdirector de Reunión Interior, Eduardo Winkler; el exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y cinco agentes bajo sus órdenes; y los dos directores operacionales de Contrainteligencia del macrismo, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste.
