El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó a través de la red social “X” que el Gobierno de Javier Milei procederá a la desregulación del servicio de correos y avanza en su plan de desprenderse de Correo Argentino, lo cual se rubricó a través del Decreto 1005/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Según especificaron desde el Gobierno nacional, la medida busca “promover la libre competencia y eliminar decisiones burocráticas que limitan la oferta de bienes y servicios”. Asimismo, Adorni declaró a través de su cuenta de “X” (ex Twitter) que esta iniciativa tiene como propósito aumentar la competencia en el sector, mejorar la digitalización y fortalecer la seguridad en el ámbito postal.
La desregulación será gestionada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, que trabajará en conjunto con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Ambos organismos remarcaron que esta disposición pretende fomentar la transparencia en el sector, además de simplificar y digitalizar el servicio de correos.
En ese marco, el funcionario del Gabinete nacional, se expresó esta mañana en sus redes sociales al respecto de la nueva medida que, en sus palabras, constituye un paso clave para el desarrollo del comercio electrónico. “El correo ya no tiene valor estratégico, por lo que desde ahora permitiremos que cualquiera pueda participar del negocio”, afirmó Sturzenegger.
El exministro de la gestión de Mauricio Macri, historizó los hitos legislativos que regularon el servicio de correos en el país y celebró la desregulación que impulsó Domingo Cavallo en los años 90, durante la presidencia de Carlos Menem, quien a través del Decreo 1187/93, “suprimió el monopolio y amplió los jugadores del sector.
Sin embargo, según puntualizó Sturzenegger, aún persistían restricciones al ingreso a la actividad a través de los “complicados” sistemas de registración y habilitación, a los que calificó como “anti pymes” y “anti innovación” y aseguró además que el nuevo decreto elimina estas trabas.
“Cualquier persona jurídica que desee manejar correo podrá hacerlo y solo deberá informar que está involucrado en dicha actividad. En mensajería urbana también lo podrán hacer las personas humanas. No se necesitará entregar documentación ni comprobar la tenencia de vehículos u otras instalaciones; se caen todos los trámites de habilitación: el negocio pasa a ser libre”, especificó el funcionario nacional.
En la misma línea, Sturzenegger confirmó que la nueva normativa permite la plena digitalización de telegramas y documentos certificados, extendiendo los beneficios de la firma digital remota al negocio postal.
Finalmente, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado ratificó que cualquier actor podrá operar como punto de entrega y repartidor de envíos postales, facilitando el desarrollo del comercio electrónico y generando una fuente de ingresos adicionales para comercios, canillitas, remiseros y operadores de plataformas.
Milei avanza en su plan de “desprenderse” de Correo Argentino.
En la actualidad, el Estado argentino es el único accionista de la emblemática empresa nacional Correo Argentino, luego de recuperar su concesión en 2004, la cual cuenta con una red de 1.400 sucursales distribuidas en todo el territorio nacional.
Sin embargo, la situación financiera de la compañía es crítica: en 2023, Correo Argentino reportó un déficit de $71.322 millones. A principios de este año, el Gobierno de Milei destinó $90.000 millones para implementar un plan de retiros voluntarios entre sus empleados, buscando reducir el gasto público que conlleva.
Por ley, Correo Argentino se encarga del Servicio Básico Universal (S.B.U.), lo que implica realizar entregas en todo el país de manera accesible y con una frecuencia determinada. La empresa también es responsable de servicios postales, monetarios y de telegrafía, y por esta razón fue excluida de la lista de “privatizables “sujetas a privatización” en la controversial Ley Bases, al igual que otras empresas estatales como Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina.
En respuesta a este proceso de ajuste, en junio, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un recurso de amparo ante los Tribunales Federales. El jefe comunal se opuso a lo que describe como un desmantelamiento de Correo Argentino, ya que la reducción de personal y cierre de oficinas afecta la estructura y competencia de la empresa.
“Cerrar una oficina de correo es aislar a una comunidad completa”, sostuvo Gray, agregando que provincias y comunidades del interior son las primeras afectadas. Según el intendente, la medida es una muestra del ajuste que implementa el Gobierno, sacrificando servicios esenciales que facilitan la comunicación y conexión en Argentina.
Gray también señaló que esta desregulación ha tenido un alto costo en términos laborales: más de 4.000 personas han perdido sus empleos y más de 100 sucursales han cerrado sus puertas en diversas localidades. En este sentido, el líder municipal denunció que la desregulación atenta contra la estabilidad laboral y la estructura de la empresa, afectando el acceso de la población a un servicio que debería ser universal.
Finalmente, Gray también advirtió sobre los planes de reducción de personal y cierre de oficinas de Correo Argentino. De los 16.850 empleados con los que cuenta la empresa, el Gobierno busca desvincular a más de 7.000. Asimismo, planea cerrar al menos la mitad de las 1.450 sucursales existentes, lo que implicaría una reducción significativa en la cobertura territorial del servicio postal.
