En las últimas horas, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires desmintió la versión que circula en los medios de comunicación respecto de la imputación que recibió el titular de la cartera, Jorge D’Onofrio, y brindaron detalles sobre la causa que envuelve al funcionario de Axel Kicillof que responde al Frente Renovador.
“Se difundió una noticia falsa sobre un pedido de imputación por enriquecimiento ilícito contra el ministro de Transporte bonaerense. El pedido fue rechazado, ya que hay una investigación en curso en la provincia de Buenos Aires”, escribieron y compartieron desde la cartera liderada por D’Onofrio.
En ese sentido, y en alusión a las “versiones periodísticas falaces” que comenzaron a circular este jueves, desde el entorno del Ministro massista explicaron que “no existe ninguna imputación judicial, ni un procesamiento, mucho menos una imposibilidad de salir del país”, y agregaron que el denunciante hizo el pedido, pero fue rechazado.
“Lo que circula es totalmente falso, por eso esperamos que la Justicia produzca la prueba con la mayor celeridad posible para que quede bien claro que en la provincia de Buenos Aires es imposible borrar multas”, liquidó D’Onofrio sobre la causa que lo envuelve.
Es preciso mencionar que, las aclaraciones del Ministerio de Transporte llegaron pocas horas después de que un grupo de medios de comunicación afirmaran que D’Onofrio fue imputado por presunto lavado de dinero e irregularidades en la regulación del tránsito y la sanción de infracciones.
Según trascendió, la causa por la imputación a D’Onofrio estaría a cargo del juez Adrián González Charvay del juzgado de Zárate-Campana, que recibió el pedido de sanción al ministro. En ese sentido, una vez recibida la denuncia, el magistrado habría ordenado levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario.
Por caso, la periodista Vanesa Petrillo de C5N, señaló que “es una causa que tiene varias aristas como irregularidades con el tema de las fotomultas y contratos millonarios que habrían beneficiado a ciertas empresas que estarían vinculadas al ministro de Transporte bonaerense”.
Cabe señalar que, si bien la imputación es falsa, existe una causa que investiga a D’Onofrio por enriquecimiento ilícito, donde además del funcionario bonaerense, están involucradas las hermanas concejales peronistas de Pilar, Claudia y Roxana Pombo, sobre quienes el fiscal de Campana, Sebastián Bringas, solicitó investigar la relación.
Entre los imputados en la causa que investiga una supuesta organización de corrupción integrada por funcionarios, abogados y gestores que involucra al Ministerio de Transporte bonaerense, también figuran Agustina Cuadra, hija de Claudia Pombo, Facundo Asencio, su ex yerno, Héctor Marcelo Suárez Basail, su medio hermano, y el juez de faltas, Mario Quattrochi.
Según apunta la Fiscalía, el funcionario se habría enriquecido y lavado dinero de coimas que presuntamente recibieron por eliminar y reducir infracciones de tránsito cometidas en territorio bonaerense. Sin embargo, D’Onofrio asegura que hackear el sistema de esa manera es imposible, y entregó toda la documentación pertinente para que la Justicia avance en la investigación.
El comienzo de la investigación al Ministerio de Transporte que involucra a D´Onofrio
Las investigaciones, que parten desde 2022 a la fecha, tienen como principal sustento, una serie de multas registradas que no coinciden con la información oficial electromagnética en el sistema provincial de infracciones de tránsito. Esta irregularidad despertó las sospechas de posible manipulación en los registros con el objetivo de reducir las sanciones, beneficio que debe quedar bajo el criterio de los jueces de faltas implicados.
Sin embargo, se sospecha también que desde los juzgados provinciales se estarían introduciendo en los sistemas de los juzgados de faltas municipales para aplicar las mismas metodologías. Es decir, que multas que son de jurisdicción local, tampoco son cobradas en los municipios porque se “resuelven” en otras instancias.
En este contexto, según trascendió varios intendentes de la provincia de Buenos Aires comenzaron a notar una fuerte baja en la recaudación por infracciones de tránsito. Descartando de plano una concientización masiva y repentina de los automovilistas, por lo que las comunas comenzaron a investigar el motivo de la merma de esos ingresos.
Según estipula la ley provincial 13.927, las infracciones de tránsito cometidas en rutas, caminos, autopistas, autovías y semi-autopistas dentro del territorio provincial solo deben ser juzgadas por la Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito Provincial.
La evidencia recopilada durante la investigación sugiere que esta norma podría haber sido eludida mediante un esquema de corrupción en el que gestores, abogados y posibles cómplices en la administración pública ofrecen a los infractores reducir sus deudas a un 50% del valor original de las multas.
