Tras las protestas del lunes y en sintonía con la medidas del Gobierno nacional, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, redobló la apuesta contra las organizaciones sociales que se manifestaron ante la Municipalidad, al pedir que se aplique en el municipio el protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Es que, el lunes el Palacio Municipal de Mar del Plata, ubicada en en Avenida Luro e Hipólito Yrigoyen, amaneció rodeada por el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Votamos Luchar en reclamo a mayor asistencia de alimentos en el marco de las fiestas de fin de año.
“El municipio resolvió eliminar por completo la entrega de las canastas navideñas que hace años se reparten en los barrios más vulnerables de la ciudad“, relataron desde las organizaciones sociales marplatenses.
En ese sentido, desde el Gobierno de Mar del Plata reconocieron la medida y argumentaron que “no hay plata para afrontar ese gasto“. “Hay una política de austeridad muy estricta, la plata hoy no alcanza y no es una novedad, no se puede gastar $500 millones para canastas navideñas a organizaciones sociales, es inviable”, remarcó Montenegro.
Además, Montenegro sostuvo que “no se puede gastar más plata de la que entra”, y cuestionó la decisión de cortar y acampar en la vía pública por parte de las organizaciones piqueteras. “Fue ilegal, los movimientos sociales están extorsionando a Mar del Plata“, sentenció.
En ese contexto, el intendente solicitó a Nación la aplicación del protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en Mar del Plata, al mismo tiempo que deslizó la posibilidad de aplicar la iniciativa de la cartera de Capital Humano, de sacar los planes sociales a quienes hagan protestas.
“Obviamente habrá que ver la forma que se va a efectivizar, por eso se hace la denuncia penal correspondiente para poder identificar a estas personas y después se tomen las medidas por medio del Ministerio de Capital Humano“, analizó el jefe comunal.
Vale recordar que, el protocolo antipiquetes de Bullrich establece, además de la intervención de las cuatro fuerzas federales, la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.