domingo 07 de junio de 2020 - Edición Nº943
Diputados Bonaerenses » Provincia » 2 abr 2020

Prisión domiciliaria

Cárceles: en la provincia mandaron a 800 presos a sus casas por el coronavirus

Se trata de convictos que se encuentran contemplados dentro de los grupos de riesgo.


Cerca de 800 presos bonaerenses que se encuentran dentro de los grupos de riesgo frente a la pandemia del coronavirus fueron beneficiados con la excarcelación o el arresto domiciliario desde que se decretó la cuarentena obligatoria.

En total ya se realizaron casi 2.000 pedidos, de los cuales el 40 por ciento fue otorgado y el resto se encuentra aún en análisis en los 19 departamentos judiciales que tiene la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, en el 85 por ciento de los casos las solicitudes fueron presentadas por defensores oficiales que representan a los detenidos, tanto en primera instancia como ante las cámaras de apelaciones y el Tribunal de Casación.

Asimismo, de ese universo de convictos más de 500 corresponden personas que se hallaban alojadas en las superpobladas y el resto detenidos en comisarías de la Policía Bonaerense.

Por otra parte, sólo algunos de los presos que ahora gozan de esos beneficios salieron con algún tipo de restricción, como una tobillera electrónica, mientras que el resto solo se constató su domicilio.

Además, de acuerdo a los datos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en las cárceles de la provincia hay 644 presos con más de 65 años y casi 2.500 con patologías de alto riesgo.

Algunos de ellos padecen enfermedades como tuberculosis, SIDA o diabetes, aunque también hay con enfermedades respiratorias, algún tipo de tumor o afecciones que requieren diálisis.

La metodología que se aplica es que cada pedido realizado por los defensores oficiales es recibido por el juzgado natural del caso que, a su vez, le conceden al fiscal el espacio para que opine y finalmente el juez resuelve si concede o no los beneficios.

Vale recordar que el 16 de marzo pasado, el Ministerio Público bonaerense instruyó a los defensores oficiales a evaluar inmediatamente la posibilidad de requerir la prisión domiciliaria u otras formas alternativas al encierro.

Así a través de la resolución 158/20, el procurador Conte Grand pidió en ese entonces que se consideraran especialmente "la particularidades fácticas y normativas de cada caso".

En esa disposición se instruyó “a los defensores para que en forma inmediata evalúe la situación de las personas en el universo de riesgo definido por la Organización Mundial de la Salud y considerar si se puede transformar la detención en un arresto domiciliario".

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