sábado, abril 20, 2024

Carbap trató de “oportunista” al intendente que decretó un aporte obligatorio para el campo

En Castelli, crearon fondo sanitario que obliga a todos los productores rurales a pagar $42 por hectárea, con un máximo de $44.000 por propiedad.

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La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) tildó de “oportunista” al intendente de Castelli Francisco Echarren por crear un fondo sanitario en el que obliga a los productores a aportar hasta $44 mil para el combate del coronavirus (Covid-19).

Oportunismo del intendente Francisco Echarren del municipio de Castelli que, excediendo sus competencias, atribuciones y deberes, y recostado sobre esta pandemia que estamos atravesando todos los argentinos”, expresaron desde la entidad.  

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Sucede que, a modo de “contribución especial” que el alcalde les pidió $42 por hectárea a todos aquellos ruralistas que tuvieran en su propiedad más de 50, estableciendo un tope de $44 mil.  

Sin embargo, desde el sector fue considerado como un impuesto encubierto y pidieron suspender el decreto 377/2020 firmado por el intendente. “No todos están en condiciones de contribuir más de lo que ya han aportado al Estado”, apuntaron.   

En rigor, para Carbap se trata de una doble imposición tributaria considerando que se utiliza la misma base que el Impuesto a los Bienes Personales y se superpone con el Inmobiliario Rural y con las tasas municipales.  

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“Estas actitudes que se arrogan regular sobre materias fuera de sus competencias son muy similares a las actitudes de aquellos empresarios especuladores que aumentan el precio de los insumos de manera oportuna ante una demanda en aumento”, agregaron desde la entidad.

En este sentido, desde la confederación remarcaron que “estas medidas se implementan por la falta de inversión y previsión en material hospitalario de muchos de estos políticos de vuelo corto y rastrero”.

Ayer, el representante del campo en la Cámara de Diputados provincial, Luciano Bugallo, plateó la ilegalidad de la norma con la presentación de una denuncia ante la Comisión Federal de Impuestos.  

En esa línea, Bugallo consideró que “es claramente ilegal e inconstitucional que un municipio cree un tributo, dado que solo puede aplicar tasas que deben estar justificadas con la prestación de un servicio, cuestión que aquí no existe”.

“Se cobra a todos los productores que tengan más de 50 hectáreas y hay facturas que superan los 100 mil pesos, cuando se estipuló en un segundo decreto modificatorio sacado entre gallos y medias noches un tope absurdo de $44.000 por partida", agregó.

En el escrito presentado, el legislador provincial denuncia que "el intendente violó la obligación establecida por el artículo 9 inciso b) de la ley 23548 (Coparticipacón Federa de Recursos Fiscales)”.

Dicha norma prohíbe que los organismos administrativos y municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no apliquen gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por esa ley.

La medida dispuesta por Echarren agrega otro tributo encubierto que castiga y asfixia aún más al campo en un momento donde la presión fiscal sobre el sector es insoportable”, fustigó Bugallo.

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