El transporte público de pasajeros en el partido de Bahía Blanca, ubicado en la provincia de Buenos Aires registró en marzo una pérdida de $40 millones por el parate económico producto del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.
Por esto, la Municipalidad presentó un proyecto de ordenanza con el fin de declarar la emergencia del sector por 180. "El transporte es una de las tantas actividades que fue afectado por la pandemia", explicó el secretario de Movilidad Urbana, Tomás Marisco.
"En la primera quincena de marzo hubo una caída de pasajeros del 6%, a partir del 20 de marzo hasta fin de mes se redujo un 83% en tanto que los viajes disminuyeron en un 93%", agregó Marisco durante una conferencia de prensa.
En este sentido, desde la comuna conducida por Héctor Gay advirtieron que pese a las pérdidas registradas hasta el momento, y teniendo en cuenta lo que pueda extenderse la cuarentena el monto puede llegar a unos $70 millones.
"En el marco del primer semestre las pérdidas oscilarían en los $ 300 millones con lo cual apelamos con la declaración de emergencia al salvataje de Provincia y de Nación con transferencia de fondos", remarcó el funcionario bahiense.
Según informaron, debido a que el transporte público es una actividad que tiene muchos costos fijos, se buscará el ahorro a través de disminución de frecuencias y que los fines de semana sólo circulen cinco colectivos en línea.
Vale destacar, que Bahía Blanca no es el único el único distrito afectado, ya que desde la zona Metropolitana, trabajadores del sector venían denunciando que no tienen recursos económicos para el mantenimiento de las frecuencias establecidas.
En consecuencia, las cámaras empresarias del transporte emitieron un comunicado en donde advirtieron que debido a la “menor recaudación, graves atrasos en los pagos de subsidios y otras problemáticas anteriores a la pandemia hacen imposible el sostenimiento de las frecuencias”.
Ante este panorama, los transportistas amenazan con implementar una medida de fuerza, sabiendo que la situación impacta sobre más de 250 Pymes que atienden alrededor de un 80% de servicios de transportes públicos y emplean a más de 50 mil personas.
