La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) salió a responder las críticas que recibió el organismo en las últimas horas acusado de montar “una suerte de operación maliciosa” para liberar a “delincuentes peligrosos que pondrían en riesgo a toda la sociedad”.
El descargo se da después de una semana donde se registraron tres motines, en el caso de la Unidad 23 de Florencio Varela terminó con un muerto, y la protesta de 1.200 presos que entraron en huelga de hambre, y mientas oficialismo y oposición se cruzan fuerte por el tema.
“Se montó una operación espuria que promueve la violencia, desprecia la vida, falsea la realidad y nuevamente trata de promover el desprestigio de quienes defendemos los derechos humanos, inventando una suerte de conspiración maliciosa cuyo objetivo es liberar a delincuentes peligrosos”, explicaron.
En ese sentido, remarcaron que todo “esto es falso”. “En medio de la pandemia alimentan otros miedos, estigmatizan y deshumanizan. Bajezas y fake news para promover el odio y el malestar social”, agregaron desde el organismo con sede en La Plata.
Uno de las acusaciones que recibió la CPM se dio a través de la viralización de un audio de 7 minutos que el secretario, Roberto Cipriano García, envió a familiares de detenidos en penales bonaerenses y que publicaron los medios de comunicación nacionales.
Tal como relató Diputados Bonaerenses, la situación de las cárceles provinciales es una olla a presión con un hacinamiento promedio del 110%, que en algunas unidades asciende al 200%, y escasas posibilidades de cumplir con las medidas de higiene que exige el combate a la pandemia de coronavirus.
“Las medidas básicas para la prevención de la pandemia son inexistentes e impracticables: menos de medio metro cuadrado ocupado por persona, con cuatro canillas de agua para todos, sin jabones ni alcohol en gel o barbijos”, sostiene la CPM en su descargo.
“El temor al contagio y la clara conciencia de que las medidas sanitarias para contener la pandemia son de imposible cumplimiento motivaron en las personas detenidas el inicio de protestas y huelgas de hambre. En la mayoría de los casos han sido pacíficas”, agregaron.
Renglón seguido marcaron que “cuando las protestas se tornaron violentas, la responsabilidad debe buscarse en un servicio penitenciario que eligió reprimir y no dialogar. En la Unidad 23 se expresó de manera trágica: la violencia penitenciaria provocó el fusilamiento con balas de plomo de Federico Rey”.
“Desde la CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, siempre hemos sostenido que el aumento del índice de prisionización no es una buena política de seguridad, pero lamentablemente ha sido la estrategia que, desde hace 20 años, han seguido los distintos gobiernos”, lamentaron.
Por último, buscaron enviar un mensaje a la sociedad. “Reducir los riesgos de contagio y difusión del virus dentro de las cárceles es una cuestión de salud pública porque aun los que desprecian la vida de las personas privadas de su libertad y declaman su muerte, deberían comprender que si el virus ingresa en estos ámbitos colapsarán todos los servicios de salud y no tendrán capacidad para atender a ellos ni a nadie”, cerraron.
Como explicó Diputados Bonaerenses, el Poder Judicial bonaerense pidió en varias oportunidades mediante distintas acordadas, fallos y resoluciones, seguir las recomendaciones de los organismos internacionales como la OMS, la CIDH y Naciones Unidas.
Los organismos recomendaron “como medida paliativa y urgente bajar la población en las cárceles con medidas alternativas a la prisión para el cumplimiento de la pena, libertades o cese de la prisión preventiva, en particular a las personas que son de riesgo por edad o patologías preexistentes”.
