La diputada nacional Graciela Camaño presentó un proyecto que propone la prohibición de las excarcelaciones de quienes hayan cometido delitos graves, como homicidios, secuestros, violaciones o corrupción.
En la iniciativa presentada en la Cámara baja, se plantea una modificación al Código Penal por la cual los jueces "no podrán, en ningún caso, conceder la prisión domiciliaria a personas condenadas por hechos considerados 'graves'".
Entre esos delitos aparecen asimismo los perpetrados contra la vida, los cometidos con motivo de violencia de género, aquellos contra la integridad sexual, los de secuestro extorsivo y el robo agravado.
También el proyecto de la diputada de Consenso Federal propone excluir de los beneficios procesales a aquellos condenados por la asociación ilícita prevista en el artículo 210 del Código, los que vayan contra el orden económico y financiero.
"Si frente a una epidemia o pandemia, resultare indispensable la reducción de la cantidad de personas privadas de la libertad, la excarcelación no podrá, en ningún caso, concederse a condenados por esos hechos", remarca el texto.
En otro artículo la diputada dice que "si se adoptare, el otorgamiento de domiciliaria para otro delito no previsto, la adopción de la detención domiciliaria debería ser precedida de un informe del establecimiento penitenciario".
En el mismo deberá constar que se realiza ante "la necesidad de la reducción de la cantidad de personas presos con motivo de la epidemia o pandemia por existir ni poder recurrirse y tener accesos objetivamente a medidas alternativas".
También deberá decir "que el condenado pertenece a un grupo de riesgo conforme lo dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación" y que contará "con el monitoreo electrónico, digital o por cualquier medio informático que se disponga”.
El proyecto agrega que "podrá denegarse la exención de prisión o excarcelación cuando se ve la posibilidad de reincidencia o se estime que reo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones".
En cambio, la diputada aclara que "podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria", una serie de condenados como "el interno mayor de 70 años”.
También se incluye dentro de ese universo que podrá ser beneficiado a la mujer embarazada y la madre de un niño menor de cinco años o de una persona con discapacidad a su cargo, entre otros.
