Al tiempo que la Corte Suprema bonaerense revocó el fallo que permitió el otorgamiento de beneficios procesales a presos en medio de la pandemia de coronavirus, el bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio presentó un proyecto para crear una comisión especial que evalúe el desempeño de los jueces que avanzaron en morigeraciones.
El pedido, que corrió por cuenta del jefe de bancada Maximiliano Abad y fue acompañado por sus pares, contempla que el espacio, que tendrá vigencia durante la pandemia, estará integrado por nueve diputados que se encarguen de pedir informes a la Provincia, el SPB, y los tribunales bonaerenses.
“No es admisible que se utilice una pandemia para mandar a sus casas a quienes mataron, violaron o saquearon al Estado. Queremos averiguar si los arrestos domiciliarios tienen que ver con factores de riesgo ciertos o si, por el contrario, se utilizó al COVID-19 como excusa”, sostuvo Abad.
Desde el Bloque de @DiputadosJxCPBA presentamos el proyecto para crear una comisión legislativa que analice la conducta de cada juez en la liberación de presos, ya que, de no haber actuado confirme a derecho, pediremos su elevación a juicio. pic.twitter.com/8mNc7kdnvg
— Sandra Paris (@SandraParisYA) May 11, 2020
Desde Juntos por el Cambio quieren que el proyecto se trate este mismo jueves en la primera sesión mixta que tendrá la Cámara baja bonaerense en medio de la cuarta fase de la cuarentena obligatoria. El temario del encuentro mitad virtual y mitad presencial se definirá en las próximas horas.
La comisión estaría enfocada, por un lado, a realizar un seguimiento de los programas y políticas públicas ejecutadas por el Servicio Penitenciario Bonaerense en relación a los internos, detenidos y liberados, como asimismo de los agentes penitenciarios.
Por otro lado, también están dentro de las funciones de la comisión especial están las de solicitar el informe de funcionarios del gobierno de Axel Kicillof así como del Ministerio Público, y a los tribunales ordinarios de justicia de la provincia.
En la Cámara de Diputados, actividades previas a la próxima sesión. Hoy, capacitación sobre #LeyMicaela. pic.twitter.com/TK9SLdvg88
— Maxi Abad (@MaxiAbad) May 7, 2020
Con toda esa información y tras el análisis de los casos, el cuerpo podrá presentarse ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios para solicitar el juicio político a aquéllos jueces que hayan incurrido en mal desempeño, dado que no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias.
Esto es, por ejemplo, que hayan dictado la prisión domiciliaria a casos de abusadores, femicidas, pedófilos u otros delitos violentos. “En el caso que se haya actuado en el margen de la ley, de manera no razonable o arbitraria, no vamos a dudar de elevar esas actuaciones a la comisión de Ley de Enjuiciamiento”, remarcó Abad.
“Sí un arresto domiciliario fue concedido en función de la recomendación efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exige a los Estados garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad, es una cosa; ahora, si ésos arrestos domiciliarios fueron concedidos sin fundamentos ni pruebas claras vamos a elevar cada caso a la comisión bicameral de enjuiciamiento”, añadió Abad.
Otros pedidos en la Legislatura
Tal como publicó Diputados Bonaerenses, desde el bloque de senadores de Juntos por el Cambio también presentaron un proyecto similar. Fue la legisladora bahiense Nidia Moirano quien la semana pasada quien solicitó crear un "Observatorio de Liberados Covid-19”.
"Vemos con preocupación la liberación de presos condenados por delitos graves o que están con prisión preventiva, por eso buscamos dar certezas y establecer claramente en qué casos y en qué delitos dicho beneficio no se puede otorgar”, dijo Moirano.
A los jueces que hayan decidido otorgar la libertad a delincuentes acusados de delitos graves y que no hayan respetado los protocolo poniendo en riesgo a la sociedad y a las víctimas les caeremos con todo el peso de la Ley https://t.co/ptPJusLB8Q
— Jorge D´Onofrio (@donofriojorge) May 4, 2020
En tanto, desde el Frente de Todos, el diputado massista Pablo Garate elevó un el pedido de juicio político al juez del Departamento Judicial de Bahía Blanca, Claudio Brun, por haber otorgado “la libertad a delincuentes acusados de delitos graves y sin respetar los protocolos”.
Brun ese mismo día había decidido revocar una resolución propia y ordenar que Néstor Luis Ibars, que había salido de la cárcel el 7 de abril y está condenado a 7 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal contra una menor de 17 años, vuelva a la cárcel. Se trata de uno de los casos que encendió la polémica.
En paralelo, los legisladores massistas preparan otro escrito contra María Inés Piñero Bertot, jueza del Tribunal Oral 2 de San Martín y la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de ese distrito, quien le otorgó la prisión domiciliaria a Antonio Di Palma, que estuvo sólo 6 meses detenido por abuso sexual hasta recibir la domiciliaria.
