A horas de la primera sesión mixta de la historia en la Legislatura bonaerense, desde Cambiemos salieron a reclamar la adhesión a la Ley de Víctimas sugerida por la Suprema Corte de Justicia bonaerense para limitar las prisiones domiciliarias en el marco de la pandemia de coronavirus.
Sucede que, este lunes el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires revocó el habeas corpus colectivo al que había hecho lugar el 8 de abril pasado el juez del Tribunal de Casación Victor Violini que habilitó los beneficios procesales para presos que integren grupos de riesgo frente al Covid-19.
Allí, la Corte solicitó abordar en un plazo razonable el examen y decisión sobre las adecuaciones que estime corresponder a la legislación provincial, en materia procesal y de ejecución penal, a fin de hacer efectiva la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos N° 27.372.
Y recordaron al Poder Ejecutivo la importancia de ajustar las medidas y programas a su cargo de carácter específico para atender la pandemia en el contexto de situaciones de encierro a las recomendaciones y directivas emanadas de la Organización Mundial de la Salud y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
El pedido, fue recogido por el bloque de Juntos por el Cambio quien, según pudo saber este medio, trabaja en una iniciativa para adherir a la norma que rige a nivel nacional y por la cual se iniciaron en los últimos días varios pedidos de juicio político por la liberación de presos.
PRISIONES DOMICILIARIAS:La Suprema Corte de Justicia de la Pcia de Bs As ya dictó su fallo. Ahora resta que desde el Poder Legislativo votemos la Ley de Victimas y que el oficialismo nos acompañe. ¡Los bonaerenses merecemos transparencia en el tema! pic.twitter.com/unJKcvg6Oc
— Sandra Paris (@SandraParisYA) May 12, 2020
El último jury, fue presentado justamente contra Violini y lleva la firma de los legisladores Juan Pablo Allan (PRO), José Andrés De Leo (Coalición Civica), Claudia Rucci (Peronismo) y Sandra París (UCR). “Ha desoído el mandato legal que inspira su desempeño”, aseguraron.
Los senadores y diputados de Juntos por el Cambio lo acusan de “haber cometido graves faltas, irregularidades e ilegalidades que demuestran que debe ser destituido, habida cuenta que ha incurrido en mal desempeño en el cargo”.
En este sentido, De Leo señaló que “el venía con algunos fallos que marcaban un camino equivocado, el último que habilitó la liberación de presos, además de ser una medida que escandalizó a la gente, desde el punto de vista jurídico claramente no se ajustó a la ley”.
En el documento destacan que “resulta inaceptable que el denunciado ejerza el cargo que actualmente desempeña, ya que su continuidad afecta de manera directa los intereses de la sociedad y perjudica al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires en su conjunto”.
En rigor, para los legisladores fue ilegal el accionar del Juez y no solo afectó la correcta administración de justicia, sino que también "su incorrecto e ilegal desempeño funcional derivó en la libertad de imputados, consagrándose así la impunidad de graves conductas”.
Días atrás, desde el oficialismo, el diputado renovador Pablo Garate oficializó el pedido de juicio político contra el juez bahiense Claudio Brun por haber otorgado “la libertad a delincuentes acusados de delitos graves y sin respetar los protocolos”.
Se trató de la primera denuncia electrónica que recibe la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses, medida que fue publicada el 4 de mayo en el Boletín Oficial.
Tal como dio cuenta Diputados Bonaerenses, luego de la amenaza de denuncia del titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, el magistrado decidió dar marcha atrás sobre sus pasos.
Así, Brun, decidió revocar su resolución y ordenar que Néstor Luis Ibars, que había salido de la cárcel el 7 de abril y está condenado a 7 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal contra una menor de 17 años, vuelva a la cárcel.
Vale recordar, que justamente desde la bancada del Frente Renovador de Massa se tomó como bandera la ley de protección a las víctimas de delitos, pero en territorio bonaerense los proyectos perdieron estado parlamentario en tres oportunidades.
En 2015 el senador José Luis Pallares presentó una iniciativa para modificar la Ley de Ejecución Penal de la provincia y el Código Procesal Penal para darles participación y voz a las víctimas en el proceso, en aspectos como salidas transitorias, libertades asistidas y condicionales.
“Si este proyecto hubiese sido aprobado tendrían que haber convocado a los familiares en todos los casos”, remarcó Pallares y agregó: “No se puede liberar de manera tan liviana tantos presos”. Consultado sobre las liberaciones de presos con delitos graves, el senador negó que haya una “intencionalidad política”.
