Desde que comenzó a regir la cuarentena obligatoria a mediados el 20 de marzo, se incrementaron los problemas para los inquilinos que, a pesar de las medidas dispuestas por el gobierno, continúan siendo víctimas de una correlación de fuerzas desigual.
La merma en los ingresos es un punto bisagra y uno de los más conflictivos ya que por los altos valores de los alquileres, a muchos les dificultó la posibilidad de abonar en tiempo y forma. Lejos de encontrar una salida, algunos propietarios e inmobiliarias, se las ingeniaron para beneficiarse en medio de la pandemia.
El escenario es sumamente complejo y según revelaron en una encuesta en la que participaron casi 4.000 personas, el 59% de los inquilinos de todo el país no podrá solventar el alquiler de mayo y otros tantos ya tuvieron dificultades para acreditar el valor del mes anterior.
El sondeo fue realizado por la Federación de Inquilinos Nacional y reveló el impacto en la economía de los hogares por los efectos del confinamiento. En este mismo sentido, advirtieron que estos números suponen “un incremento de casi 17 puntos comparado con abril, cuando el 42,1% no podía pagar”.
Una de las medidas interpuestas por el gobierno, mediante el decreto 320 fue congelar el precio de los alquileres, prorrogar los contratos y, a su vez, suspender “todos los desalojos hasta el 30 de septiembre”, algo que, según denunciaron, no se está cumpliendo de manera efectiva.
En diálogo con Diputados Bonaerenses, el presidente de la Asociación Platense de Inquilinos (API), German Schierff, reveló que mucha gente “no está pudiendo pagar los alquileres, a veces lo pagan en partes y en otros casos acumulan deudas con los servicios o las expensas”.
En este mismo sentido, graficó que “desde hace muchos años el alquiler supone una gran proporción del ingreso familiar, casi la mitad por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Un descalabro económico como el que trajo la cuarentena genera un problema muy grande”.
La realidad es que muchos de ellos están acumulando deudas que se tornan muy difíciles de cancelar en el corto plazo, más allá de la prórroga del contrato o el congelamiento del valor. Al respecto, el titular de API afirmó que “si el gobierno no hace algo para octubre, cuando termina el decreto, va a generar una gran explosión de juicios y situaciones de desalojos”.
Hola. La inmobiliaria/locador debe disponer de los medios para el pago por transferencia bancaria y no puede haber diferencias en el precio. Denunciá incumplimientos acá: https://t.co/VI6XE5CVmb
— Defensa de las y los consumidores (@DNDConsumidor) May 28, 2020
Al mismo ritmo que la preocupación, crecen las denuncian del incumplimiento del decreto. En muchos casos los propietarios intentan cobrar un extra o incluso son obligados a firmar un nuevo contrato para actualizar los precios bajo amenazas de negar una posible renovación.
Otro de los puntos conflictivos en este contexto es del aquellos que por decisión propia desean cancelar el vínculo, ya sea por no poder afrontar los gastos o por la determinación de abandonar el inmueble, ya que en algunos distritos están prohibidas las mudanzas.
Sobre este tema, el portal de clasificados Zonaprop realizó un relevamiento del que participaron 6040 personas en el que determinó que “el 71,2% de los encuestados está en una situación límite y necesitan mudarse, pero la cuarentena no se lo permite”.
En un desglose pormenorizado de los datos, el sondeo reveló que existe un 12,2% que requiere mudarse urgentemente porque no puede continuar pagando; un 4,6% planteó que tiene que vender su propiedad por necesidades económicas y un 3,1% manifestó haber comprado una propiedad y no haber podido tomar posesión, por lo tanto, debe seguir alquilando.
Por otra parte, el decreto 320 también establece la bancarización obligatoria para realizar los pagos, algo que según confirmó Schierff no se está cumpliendo. “Solamente la mitad entregó el CBU y aquellos que lo entregaron muchos cobran hasta un 5% extra por hacer una transacción, lo que es totalmente ilegal”, ejemplificó.
En sintonía, algunas ciudades decidieron habilitar las inmobiliarias para realizar cobros, facilitando el trabajo de los martilleros a la hora de no entregar una cuenta para realizar el depósito. En este sentido, el titular API remarcó que “hay inquilinos que como no les brindan una cuenta, dicen con lógica que no van a salir de sus casas. Ahora los van a amenazar y van a entrar en mora, cobrando punitorios”.
Por último, soslayó que muchos de estas dificultades no comenzaron con la cuarentena, sino que existían con anterioridad y se agravaron debido al aislamiento. “El problema de los inquilinos, más allá de lo legal, es que no hay muchos organismos que apoyen y controlen el accionar de estas personas”, redondeó.
