domingo 29 de noviembre de 2020 - Edición Nº1118
Diputados Bonaerenses » Nación » 19 jun 2020

Un freno a la expropiación

Marcha atrás: la Justicia falló en contra del Gobierno y rechazó la intervención de Vicentin

El juez Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini nombró al interventor Gabriel Delgado como un simple veedor.


El juez Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores de Vicentin, dispuso este mediodía que el directorio de la cerealera vuelva a ocupar sus funciones y nombró a los interventores del Gobierno como simples veedores de la firma.  

En el fallo, Lorenzini dispuso que "los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme a la última asamblea de accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados". "Los interventores designados podrán desarrollar su tarea, con el grado de veedores controladores".

En otra parte de texto describe el rol de esos veedores como “esencialmente una función de seguimiento amplio, efectivo y directo, pero sin intervención en las decisiones del órgano de administración” y que puede llegar “hasta a la figura legal de máximo poder, cual es la del administrador provisorio que sustituye a los directores”.

Sucede que, los integrantes de la familia Vicentin y otros ejecutivos, alegaron que “la irrupción de los interventores en dicha administración preexistente, de manera abrupta e intempestiva, impidió cualquier tipo de transición ordenada dejando a la empresa a la deriva”.

Por otro lado, el juez hizo referencia también al contexto económico en medio de la pandemia y dice que por eso “cobra especial relevancia en el actual contexto de crisis financiera y económica, la magnitud empresaria de la sociedad concursada”.

“Estamos en presencia de una empresa de enormes dimensiones y con un rol preponderante en el mercado nacional e internacional de granos. Por lo tanto, su patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que, justamente de ello dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y post concursales”, dijo el magistrado.

 

 

Vale recordar, que la decisión del Gobierno nacional de expropiar a la cerealera, considerada una de las más importantes del país, recibió el pronto rechazo de todo el arco opositor. Incluso en la Legislatura bonaerense desde todos los bloques salieron a sentar posición.

Para la bancada que lidera Roberto Costa en el Senado, intervenir la empresa por un plazo de 60 días resulta “una maniobra ilegal por avanzar sobre las funciones y atribuciones específicas de los Poderes Legislativo y Judicial”. “No vemos la necesidad y urgencia del pueblo argentino de contar con una empresa estatal de este tipo”, expresaron por medio de un comunicado.

 

 

En tanto, por medio de un proyecto, ingresado por la legisladora Felicitas Beccar Varela y su par de Flavia Delmonte, sostuvieron que “no se verifican bajo ningún punto de vista las causales de interés público bajo el objetivo de que la República Argentina logre el autoabastecimiento alimentario”.

La empresa que se pretende expropiar no produce alimentos, sino que exporta granos y nuestro país ya es autónomo y soberano para alimentarse, abastecerse y vender al mundo. El mayor problema es la distribución que con el correr de las décadas y la sucesión de gobiernos no ha podido solucionar la pobreza”, apuntó Beccar Varela.  

 

 

Vale recordar, que el Jefe de Estado confirmó como interventor -ahora veedor- por los próximos dos meses a Gabriel Delgado. Un especialista en ingeniería agraria y financiación de proyectosque fuera viceministro de agricultura de la Nación de 2013 a 2015, durante el último mandato de Cristina Kirchner como presidenta.

En la Cámara baja, por medio de un proyecto ingresado el presidente de la bancada de Cambio Federal, Walter Carusso, manifestaron que “la intervención es claramente irregular e inconstitucional”. “No dudamos en sostener la nulidad absoluta e insanable del mismo”, sentenció.

Los argumentos que esgrime el Poder Ejecutivo Nacional son insuficientes para un decreto de necesidad y urgencia. Además, esta situación deja abierta la puerta para la expropiación de la empresa y se convierte en un precedente para intervenir otras a futuro”, agregó Carusso.

En rigor, la deuda total de Vicentin supera los $99.000 millones, sumando las bancas nacionales y provinciales más las entidades privadas como el Banco Hiptecario y Macro, entre otros. Pese a que la empresa reestructuró sus pasivos en tres oportunidades durante 2019, se le hizo imposible entrar en cesación de pagos. De hecho, en diciembre se declaró en default por supuesto “estrés financiero”.

 

 

En los fundamentos del texto declarativo, Carusso explicó que “los criterios de necesidad y urgencia que den adecuada fundamentación a la sanción de un decreto de esa naturaleza, deben encuadrarse en algún supuesto extremo, límite, extraordinario, que se verifique de forma clara y suficiente, que imperiosamente exija la adopción de alguna medida inmediata”.

Vale recordar, que al igual que Cambio Federal, fueron varios los diputados de Juntos por el Cambio que salieron a marcar la inconstitucionalidad de la medida de Alberto Fernández. Uno de los primeros fue el “lilito” Luciano Bugallo, quien sin pelos en la lengua advirtió que “no hay justificativos, más que motivos políticos e ideológicos, que se esconden detrás de absurdos justificativos como el de la "soberanía alimentaria".  

Paso seguido, el legislador advirtió que “detrás de esta decisión está Cristina Kirchner, el resentimiento ideológico de ir por el campo empieza por la intervención de los mercados, ya lo hicieron hace unas semanas con el Proyecto de Junta Nacional de Granos”.

“Hoy la Reforma Agraria, la del neo comunismo, se hace a través de la renta, más fácil, directa e incluso ni siquiera tienen que laburar ni invertir un solo peso de su capital y sin dudas, ésta expropiación les deja en bandeja una herramienta útil para la intervención directa del estado en los mercados”, agregó.

De la otra vereda, desde el Frente de Todos en ambas Cámaras legislativas, que conducen Facundo Tignanelli en Diputados y Gervasio Bozzano, sostuvieron que “es una oportunidad para promocionar el arraigo en cada territorio del país y de la Provincia sin importar su tamaño ni su ubicación geográfica”.

“Resulta imperioso que se asuma un protagonismo en la producción y exportación de alimentos, a fin de garantizar soberanía y salubridad alimentaria, precios justos de acceso a los alimentos, logística y comercialización de proximidad”, remarcaron.

En las últimas horas también el gobernador Axel Kicillof dio el apoyo a la decisión. “Me parece que fundamental que se busque el acceso a los mercado de los cereales que está muy concentrado a nivel mundial”, sostuvo

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias

VIDEOS