La Municipalidad de Villarino presentó hoy ante la Justicia Federal de Bahía Blanca un escrito en el que solicitó que se informe si algún funcionario de dicho distrito era objeto de investigación en el marco de la causa por la desaparición de Facundo Astudillo Castro.
La presentación fue realizada luego de que en las últimas horas el abogado de la madre del joven, Leandro Aparicio, señalara que "el encubrimiento excede a la policía" y que sospecha de "un funcionario de Villarino".
3⃣?Tres meses sin #FacundoCastro : organizaciones sociales marchan por la aparición con vida
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— Diputados Bonaerenses (@dipbonaerenses) July 30, 2020
El abogado Sebastián Martínez, en representación del municipio de Villarino y del intendente Carlos Bevilacqua, efectuó la presentación en la que pide que se informe si existe “un marco de sospecha en relación a su actuación”.
En la presentación, se hace referencia a las declaraciones formuladas por el abogado de la familia del joven desaparecido desde el 30 de abril, que salieron publicadas en distintos medios periodísticos.
El municipio pide “tener un mínimo conocimiento de si lo afirmado por el abogado de la querella tiene algún sostén procesal, algún viso de realidad o solo es una opinión personal que no encuentra andamiaje procesal investigativo alguno", según expresa el comunicado.
????La familia de #FacundoCastro sospecha de la participación de un funcionario de @gobvillarino
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Aparicio dijo este miércoles que “la asociación ilícita para el encubrimiento ya está integrándose con personas civiles, concretamente un funcionario de Villarino que ha aportado una lista falsa de lectores de patentes con un horario cambiado”.
Lo sostenido por el defensor de la familia del joven desaparecido hace tres meses tiene que ver con algunos testimonios falsos que fueron inducidos por la policía y aceptados por el fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez.
En este sentido, testimonios como el de una mujer que aseguró haber llevado a Facundo de Mayor Buratovich a Bahía Blanca ya fueron desmentidos e intentan descubrir si un funcionario del municipio respaldaba las declaraciones falsas.
Las pruebas recolectadas por la familia comienzan a confirmar un plan de encubrimiento por parte de algunos miembros de la Policía Bonaerense, al mismo tiempo que aparecen indicios sobre la responsabilidad política en ese accionar encubridor.
