Los ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani fueron procesados el día de la fecha por espionaje ilegal y falsificación de documentos públicos, en la causa que investiga las tareas de vigilancia ilegales sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria durante el 2018.
La determinación fue llevada adelante por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, quien no sólo embargó sus bienes por 2 millones de pesos a cada uno, sino que también les prohibió la salida del país.
Sumado a esto, Auge decidió procesar al ex jefe de contrainteligencia del organismo estatal, Martín Coste, a quien al igual que los otros dos procesados se le prohibió la salida del país y se le embargaron bienes por 700 mil pesos.
En este sentido, el juez federal precisó que desde mayo hasta diciembre de 2018, tanto Majdalani como Arribas le daban ordenes al, también procesado, exjefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, para que coordinara “un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia”.
Estas tareas consistían, básicamente, en vigilar, observar, buscar y recabar información para poder producir inteligencia, almacenar datos y finalmente generar informes sobre distintas personas. Los objetivos eran diversos y abarcaban personajes del mundo sindical, político y social.
Además, la resolución precisa que Coste, quien era director de Contrainteligencia dirigió el organismo estatal a sabiendas de la naturaleza de las prácticas ilegales que llevaban adelante en la AFI y, a pesar de eso, no procedió conforme al protocolo establecido cancelando estas actividades.
Los procesamientos se dieron a instancias de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes habían señalado en su dictamen que, muy por el contrario a lo que habían tratado de imponer los imputados, los agentes no se encontraban velando por la seguridad de Cristina Fernández, sino que buscaban detectar movimientos de bolsos o mochilas con dinero.
Lo que utilizaron como excusa para realizar estas tareas fueron unas supuestas amenazas de atentados hacia CFK en el contexto de las cumbres internacionales que se llevaron adelante en la ciudad de Buenos Aires en el 2018.
Una vez que fueron descubiertos, los involucrados buscaron darle un marco legal a sus acciones, como esto era imposible confeccionaron documentos falsos para intentar camuflar sus acciones y generar la impresión de que habían actuado en base a órdenes recibidas en causas judiciales.
Esta causa, que ya lleva 18 imputados, comenzó gracias a una denuncia de la interventora de la AFI Graciela Camaño, quien informó que durante la gestión Cambiemos la agencia adquirió el Earthwatch, un software basado en fotografías de alta definición que se toman desde un satélite y que pudo haber sido utilizado para fines ilegales.
