El juez federal de Campana Adrián González Charvay procesó a catorce hombres que el 28 de junio pasado fueron hallados en las canchas de padel del Club Atlético Pilar, violando el aislamiento obligatorio decretado por la pandemia de coronavirus.
Aquel día, Gendarmería Nacional recibió una denuncia anónima realizada a la línea 134, en la que explicaban que había unas 20 personas preparadas para jugar en el club situado en la ruta Provincial 8 y Las Rosas, en Pilar Centro.
La fuerza federal realizó un procedimiento y halló a 14 hombres, entre los que se encontraba Fernando Lauría, quien hasta aquella tarde era funcionario público: ocupaba el cargo de Secretario General y de Economía de la Municipalidad de Tigre.
Lauría no sólo estaba violando la cuarentena obligatoria, sino que fue hasta el lugar en una camioneta de la Municipalidad de Tigre. Cuando se hizo pública su presencia en el club de pádel fue echado por el intendente Julio Zamora.
Cuando llegaron los gendarmes, según el procesamiento firmado por González Charvay, Lauría manifestó ser amigo y contador de Claudio Herreros que tenía la concesión del club. Agregó que no estaba jugando al pádel sino que había ido allí a retirar unos elementos.
Lauría aparece como “fiador” o “garante” del contrato por el que Herreros se quedó con la explotación del Club Atlético Pilar. Y el juez consideró que se pudo haber valido de su condición de funcionario público para pasar los controles de tránsito establecidos por la pandemia.
El exfuncionario y Herreros negaron haber organizado un torneo de pádel, algunos de los imputados se negaron a declarar, pero otros dijeron que habían sido convocados para jugar y que en realidad no pensaron que iba a haber más de cuatro personas.
El juez determinó que los 14 procesados “violaron el día 28 de junio del corriente año, las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo con el objeto de proteger la salud pública del Estado Nacional impidiendo la propagación de la pandemia”.
Los jugadores de pádel que violaron el aislamiento fueron procesados por el delito contemplado en el artículo 205 del Código Penal, que castiga con penas que van de los seis meses a dos años de prisión a quien viole las medidas adoptadas en contexto de pandemia.
González Charvay estableció un embargo de 300.000 pesos para Lauría y Herreros y de 100.000 pesos para el resto de los procesados.En otra resolución, el juez rechazó el pedido que hicieron algunos imputados para “suspender el juicio a prueba”, es decir para acceder a lo que se conoce como “probation”.
En tanto, otros de los imputados pidieron la conciliación y reparación del daño ocasionado. El fiscal federal de Campana Sebastián Bringas se opuso a los pedidos de los imputados y el juez González Charvay rechazó lo solicitado.
