La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri pagó 120 teléfonos encriptados a diferentes funcionarios, amigos y operadores cercanos a Juntos por el Cambio.
Uno de ellos estaba destinado al procurador bonaerense Julio Conte Grand, quien hacía uso de uno de los dispositivos blindados a través de un proceso tecnológico para que no se pueda acceder a los videos y datos.
Vale recordar, que el ex Secretario Legal y Técnica de María Eugenia Vidal, luego devenido en jefe de los fiscales, está denunciado en las causas federales que investigan las irregularidades de la AFI macrista.
Conte Grand además está apuntado por presiones a magistrados, como el juez Luis Carzoglio, y por el armado de causas, como la que pesó contra el sindicalista Pablo Moyano, por mencionar un caso concreto.
Algunos lo sindican de operar como “la pata bonaerense” del espionaje ilegal macrista.
Así las cosas, Conte Grand formó parte del selecto grupo de 120 personas que tenían teléfonos encriptados de la AFI, lo que suma sospechas sobre el Procurador. ¿En calidad de qué y por qué tenía ese dispositivo?
Otros de lo que hacían uso de los dispositivos comprados por la Agencia en California, era Nicolás “Nicky” Caputo, el “amigo del alma” de Macri, el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba y el operador judicial, Daniel Angelici.
Además, se anotan en esa lista los exministros Guillermo Diétrich, procesado en la Causa Peajes, Patricia Bullrich y Sergio Bergman, el ex jefe de Asesores, Jose Torello, y el legislador Federico Pinedo.
El dato se desprende del expediente que lleva adelante la jueza federal María Servini por supuestas presiones del gobierno de Macri a los integrantes del Grupo Indalo y lo hizo público la periodista Irina Hauser.
Dentro de esa causa, Servini ordenó el entrecruzamiento de las llamadas telefónicas de Macri, en un estudio que analizará más de tres años de comunicaciones del expresidente.
Hace unos días las defensas de Macri, Fabián Rodríguez Simon y Torello presentaron tres recursos de queja que encontraron respaldo en la Sala II de la Cámara Federal, integrada por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.
Al día siguiente, Servini volvió a dirigirse a la oficina de escuchas y le ordenó que reanudara el cruce de llamadas, con fundamento en que el fallo de la Cámara Federal no estaba firme.
