La interna en la Unión Cívica Radical terminó de estallar con la decisión de proscribir a unos 750 afiliados del partido que en 2019 dejaron las filas de Cambiemos y formaron o acompañaron a otros espacios. Ahora, a poco de las elecciones para dirigir el Comité provincial, explotó la guerra.
Quienes acusan que se trata de una “medida desesperada” son aquellos correligionarios opositores a la gestión del ex vicegobernador Daniel Salvador, que dejará la presidencia del comité antes de fin de año.
Quienes disputan para suplantarlo son el diputado provincial Maximiliano Abad, en la misma línea que Salvador y, por el otro lado, el intendente de San Isidro Gustavo Posse, que apuesta a tomar el control bonaerense.
En ese sentido, el diputado provincial Walter Carusso, aliado de Posse y presidente del bloque de Cambio Federal, fue una de las voces cantantes en la crítica a la medida que tomó el Comité en base a la proscripción y cómo se efectuó la misma.
“Se hizo una presentación porque no está establecido ese procedimiento en el que tres personas marginaron a estos afiliados, la Carta Orgánica establece un proceso que no es ese cuando hay algún cuestionamiento, en el derecho argentino nadie declara a un culpable y después le dice que se defienda, pero el partido tomó esa lógica”, marcó Carusso a Diputados Bonaerenses.
La carta que acusa la expulsión de estos cientos de afiliados, acusa que no responde a ningún artículo de la carta orgánica, sino que fue por decisión de una mesa chica que apuesta a “una necesidad personal de permanecer atados a privilegios y designaciones a dedo de familiares en cargos electivos”.
“Cada persona que milita puede tener vínculos familiares, eso no es un problema si ganó la elección y fue electo por el voto, pero no admito ‘el dedo’ para nadie, ni familiares, ni militantes, el radicalismo es amigo de las elecciones y el voto”, aseguró el legislador.
En la misiva, señalan que se trata de una medida injusta ya que “no se usa la misma vara” con los afiliados boina blanca que fueron en otras listas en 2019 pero que apoyan al oficialismo del partido.
Desde el sector señalan que la medida además de no ser legítima es “incongrente” ya que, por un lado excluyen afiliados del padrón, y por otro lado, “ya que saben que es inconstitucional, los suspenden a esos mismos afiliados habilitándoles una vía recursiva que no está contemplada en la Carta Orgánica”.
“Acá no hubo proceso, tres personas definieron la exclusión de cientos de personas a diez días del cierre de listas; la desesperación y los nervios por perder llevan a hacer cualquier cosa. Nosotros no queremos achicar más el partido, nuestra posición electoral es agrandarlo”, enfatizó Carusso.
Asimismo, reforzó que desde su espacio buscan conformar un radicalismo con mayor fortaleza, que pueda ser representante de los intereses de todos los afiliados y que apueste a la unidad.
“Queremos un radicalismo grande, competente, con vocación de poder, es lo que buscan todos los afiliados que están disconformes con lo que se hizo en los últimos cuatro años donde vimos un radicalismo de rodillas, servil, nosotros queremos al partido de pie, peleando por los lugares que corresponden en elecciones”, subrayó el diputado.
En otro orden, para el sector possista representa “una locura” realizar las elecciones en el contexto de pandemia, por eso piden realizar los comicios cuando se declare el fin del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
“El 11 de octubre no se va a poder formalizar la elección, esa es otra locura del oficialismo, ya les marcamos que es imposible llevar adelante esto en plena pandemia, pero los nerviosismos cuando vas a perder te llevan a cometer estos errores”, sentenció Carusso.
