La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, afirmó que "no es legal tomar tierras " y afirmó que tanto a la administración de Axel Kicillof como a los intendentes les preocupa que las usurpaciones sean "direccionadas".
Las declaraciones de la funcionaria llegan luego del encuentro que el Gobernador ayer mantuvo en La Plata con intendentes y sus ministros para coordinar acciones en torno a la problemática de la toma ilegal de terrenos.
"Esto desnuda el déficit habitacional existente, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires", planteó Teresa García y remarcó que, "en los últimos cuatro años, sólo se construyeron 2.000 viviendas".
La Ministra resaltó que en el encuentro de ayer "se acordó generar alertas tempranas para evitar situaciones de violencia", y graficó que "el caso más emblemático es el de Presidente Perón”.
"Son más de 3.000 y muchísimas de esas personas no son del distrito, con lo cual empezamos a analizar cómo se generaron estas tomas", contó sobre el trabajo que emprendió la intendenta Blanca Cantero.
La funcionaria explicó que "la gente que no tiene dónde vivir, cuando ve la posibilidad de asentar una vivienda precaria en un terreno lo hace, pero no es menos cierto que hay lugares donde estas tomas se originan de manera rara, en las que acuden abogados y escribanos, y, al día siguiente, presentan amparos".
En ese sentido, Teresa García añadió que "hay algo que a uno le hace suponer que está direccionado y que esto no es espontáneo, ya que la gente humilde que no tiene dónde vivir no va con un escribano".
No obstante, reconoció que aún "no está identificado quiénes (organizan esto) pero es algo recurrente en varios municipios".
"A los intendentes y a nosotros nos preocupa que haya toma de terrenos direccionadas. Nos hacen suponer que en algún lugar se están decidiendo estas cosas", continuó y remarcó que "en el conurbano es bastante habitual que haya tomas".
"Lo hemos visto a lo largo de los años, pero hay distritos en los que es inusual", sugirió. Teresa García precisó que el año pasado se registraron unas 140 tomas por mes y detalló que "este año son 40", por lo que estimó que "la responsabilidad del Estado es evitarlas y ocuparse de la situación de emergencia en que vive esta gente, que está en una situación indigna".
