Luego del fallo de la Corte Suprema que obliga a la empresa estatal ABSA a devolver a los clientes unos $ 2.800 millones por un aumento indebido del 180% en las tarifas de 2012, la gestión de Axel Kicillof comenzó a evaluar la posibilidad de devolver los montos en cuotas.
Como viene relatando este medio, el pasado 14 de agosto, el máximo tribunal del país rechazó un planteo del Estado bonaerense contra un fallo de la Suprema Corte provincial, que anuló el decreto 245/12 mediante el cual el ex gobernador Daniel Scioli autorizó un incremento del 180%.
En 2015, cuando la Corte provincial falló contra ABSA, la deuda ascendía a $ 1.800 millones y debía pagarse con descuentos en las facturas posteriores. En tanto, actualmente el monto que la empresa debería devolver a los usuarios alcanzaría los $ 2.850 millones, según el mecanismo de actualización fijado por entonces.
Cabe recordar, que el máximo órgano judicial entendió que el incremento se aplicó sin garantizar “un mecanismo de información y participación de los usuarios previo a la toma de la decisión”. Esto es, sin el previo llamado a audiencia pública.
La deuda es un verdadero dolor de cabeza para Kicillof, más aún en el actual contexto de escasez de recursos. Para poner los números, representa casi el 75% de los ingresos previstos por la empresa para 2019, según el cálculo del Presupuesto de ese año (el último aprobado por la Legislatura).
Estos números resultan inalcanzables para una empresa que desde su estatización no dejó de funcionar con déficit, cubierto todos los años por la administración bonaerense. Este año, incluso, la actual gestión desaprobó las rendiciones de cuenta de 2019 y denunció penalmente a los directivos anteriores, al tiempo que informó sobre deudas con proveedores por más de $ 1.000 millones.
En este contexto, fuentes judiciales indicaron que la Provincia inició las gestiones para encontrar un acuerdo que no deje mal parada a la empresa. El planteo corre por dos vías: por un lado, determinar un monto de devolución ante las dificultades técnicas de la empresa para calcular cuánto le corresponde a cada cliente; y por otro, cuotificar ese total para evitar dejar a ABSA sin ingresos.
Según pudo saber este medio, antes de que el conflicto llegara a la Corte Suprema la querella (encabezada por el actual secretario de Coordinación de la Municipalidad de La Plata, Oscar Negrelli) había presentado una fórmula matemática para definir la deuda. Si el juzgado decide avanzar con ella, habría que actualizarla según la inflación.
Desde la Legislatura bonaerense, también vienen marcando la demora en la devolución de los fondos por parte de la Provincia. Fue el diputado platense Diego Rovella quien requirió conocer el mecanismo por el cual la prestataria del servicio público devolverá el dinero adeudado a los consumidores.
“Ahora la Corte Suprema de la Nación invalida, como lo había hecho anteriormente la Suprema Corte bonaerense. En varias ocasiones lo hemos advertido desde el ámbito legislativo y ahora la justicia nos dio la razón", apuntó el diputado.
