El Senado bonaerense sancionó ayer por la tarde el proyecto de autoría compartida entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para dotar de más poder a los municipios para sancionar los abusos en los precios.
El texto de los legisladores Francisco “Paco” Durañona y Daniel Lipovetzky plantea la modificación de una serie de artículos del Código provincial de Derechos de los Consumidores y Usuarios y la plena implementación de la Ley de Abastecimiento.
En llano la iniciativa pretende reforzar las sanciones por abusos en los precios a consumidores, con el aumento de las multas y el endureciendo las penas en casos de emergencias como la del COVID-19.
“El pequeño consumidor es esclavo y rehén de la falsa información y las letras chicas. No es una obligación del ciudadano el estar pendiente de que no abusen de él, ahí también tiene que estar el Estado”, argumentó Durañona.
El proyecto que fue presentado en ambas Cámara de la Legislatura bonaerense prevé que las multas oscilen entre los $10.000 y $10 millones, y puedan ser aplicadas por los 135 municipios bonaerenses.
Además, en caso de sancionarse en Diputados, la iniciativa dotará, por primera vez, de atribuciones a los intendentes para avanzar en la protección del consumidor y sanción a quienes cometan abusos en los precios.
“Quedará en manos de los municipios estar en cercanía con la ciudadanía. No puede ser que un intendente o un funcionario no puedan hacer nada con el precio desorbitante de la leche porque depende de una normativa nacional”, se quejó Durañona.
De esa manera, se logrará una mayor capilaridad en el control aprovechando las estructuras de las comunas, entre ellas el personal de las Oficinas Municipales de Defensa del Consumidor (OMIC), y la labor de las asociaciones dedicas al tema.
La reforma del Código provincial se desprendió de la convocatoria que formuló el presidente Alberto Fernández en abril mediante el Decreto 351/2020 a todos los intendentes del país para colaborar en la fiscalización y control.
“Hoy trabajamos claramente en apostar soluciones concretas que tienen que ver con necesidades. Estamos regulando en la provincia algo que fue oportunamente planteado y sancionado por el Presidente”, dijo Durañona.
El pedido presidencial luego de que el Gobierno Nacional estableciera el programa “Precios Máximos” y retrotrajera los valores de determinados productos que habían sufrido aumentos “irrazonables”, al comienzo de la cuarentena por el COVID-19.
“Recibimos el apoyo de los diferentes organismos de defensa del consumidor y este proyecto fue presentado en conjunto entre oficialismo y oposición: es evidente el consenso”, cerró Durañona.
