jueves 16 de septiembre de 2021 - Edición Nº1409
Diputados Bonaerenses » Municipios » 12 oct 2020

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San Isidro: ARBA intima al grupo que explota el autocine por una deuda de $27 millones

Desde la entidad recaudatoria advirtieron que “tienen un plazo de 30 días para pagar el canon o la Provincia iniciará las acciones judiciales de cobro”.


La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) intimó a las empresas que realizan la explotación comercial de un predio de San Isidro en el que funciona un autocine.

Según explicaron desde la entidad recaudatoria, el grupo empresario debe pagar $27 millones que adeudan por la ocupación de esas tierras fiscales que son propiedad del Estado bonaerense.

El director de ARBA, Cristian Girard, coordinó las acciones de control en el predio de casi 20.000 metros cuadrados ubicado en la localidad de Martínez, frente al Río de La Plata, y explicó que el monto es en “concepto de canon de ocupación".

"Son tierras ganadas al río, propiedad del Estado bonaerense, se trata de un lugar con una vista privilegiada donde funcionan locales gastronómicos y un autocine", contó el funcionario provincial.

Girad también informó que "tienen un plazo de 30 días (para pagar el canon) o la Provincia iniciará las acciones judiciales de cobro". Se tratan de deudas que los empresarios mantienen desde 2018.

El titular de ARBA consideró que "son emprendimientos positivos para la Provincia porque generan actividad económica y empleo", y además permiten que la gente pueda disfrutar de la gastronomía, el cine y espectáculos musicales en un entorno privilegiado".

Asimismo, Girad consideró "que quienes explotan el lugar deben cumplir con el canon que deben pagarle al Estado, tanto en San Isidro como en cualquier otra parte y de la misma manera que se paga un alquiler de un predio privado".

 

 

Si las empresas no cumplen en los próximos 30 días, ARBA dará intervención a la Dirección Provincial de Gestión y Recupero de Créditos Fiscales, y a la Fiscalía de Estado, para activar el inicio de las acciones judiciales de cobro y los procedimientos de apremio.

Las acciones también incluyeron una fiscalización tributaria sobre las empresas que actúan en el predio de Martínez, para controlar medios de facturación, situación catastral y otros temas impositivos.

Producto de esa labor, se detectaron deudas e incumplimientos referidos al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, motivo por el cual se labraron las notificaciones pertinentes.

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