La Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia inició la investigación por las supuestas maniobras de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan y del buque marplatense Repunte, hundido en junio de 2017.
Fue en una jornada en la que se puso de relieve que, además, habrían sido espiados los abogados que actuaron como defensores de los damnificados, de modo que también asistieron a la reunión, Fernando Burlando y Valeria Carreras.
El 9 y el 16 de junio, los familiares ya habían pedido que se investigue el posible espionaje ilegal, pero la pesquisa se activó después de que se encontraran pruebas de ello en la base Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuya interventora hizo una denuncia penal.
En ese sentido, Burlando asistió como abogado de una de las querellas de familiares pero también como representante de Carreras, quien relató distintas maniobras clandestinas realizadas en contra de ella como así también una serie de amenazas de muerte que recibió.
De hecho, el relato de la letrada estuvo acompañado de documentos, presentaciones judiciales y hasta un video donde muestra dos autos que aparentemente la siguen en la ruta 3 durante uno de los viajes que hizo a Caleta Olivia para participar de una de las audiencias por la causa en la que se investiga el hundimiento del submarino.
De esa manera, los querellantes aportaron documentos de trabajos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) sobre los teléfonos de los familiares que habrían sido interceptados y correos electrónicos con amenazas, que fueron denunciadas el 6 de diciembre de 2019 y están radicadas ante el juzgado en lo Correccional y Criminal 47 de la Capital Federal.
En tanto, como parte del Congreso estuvieron todos los miembros de la subcomisión que investigará el tema: Eduardo Valdés, Blanca Osuna y Rodolfo Tahilhade (Frente de Todos) y Sebastíán García de Luca (PRO), además del presidente de la bicameral, el oficialista Leopoldo Moreau.
La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, fue quien denunció en septiembre ante la justicia de Mar del Plata que durante el gobierno de Cambiemos se desarrolló un operativo de espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, mientras el submarino estaba desaparecido.
En el documento judicial, Caamaño advirtió que “las tareas” ventiladas “no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido”.
