De acuerdo a los datos que brindó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, luego del primer informe de gobierno en Diputados, en el país por año hay cerca de 50 mil internaciones por abortos clandestinos y la provincia de Buenos Aires está primera en la lista con casi 6 mil.
La legislación argentina establece que el aborto es legal en Argentina en caso de que represente un riesgo para la vida de la mujer o si ha sudo violada. Si bien es un derecho que fue establecido en 1921, ante el incumplimiento reiterado en 2012 la Corte Suprema de Justicia con el fallo “F.A.L” exhortó a todas las provincias a proporcionar las condiciones necesarias para llevar adelante las interrupciones legales de embarazos de manera rápida, accesible y segura.
Seis años después y horas de que se trate en el Congreso la posibilidad de contar con aborto legal, seguro y gratuito, Buenos Aires, la mayor provincia del país, aún tiene un protocolo que por sus restricciones se aleja mucho de lo dispuesto por la Corte.
“La gobernadora estrella no permitió que la provincia firme el protocolo que evitaría muertes maternas”, señaló una diputada nacional ante Marcos Peña antes de ayer.
Esta situación intentó ser subsanada a finales de 2016, cuando el Ministerio de Salud bonaerense resolvió adherir al Protocolo de Aborto No Punible elaborado por la cartera nacional en base al fallo de la Corte Suprema pero Vidal decidió dar marcha atrás y anuló la resolución.
En Argentina los abortos inseguros son la primera causa de muerte materna. Cuando el Gobierno Nacional afirmó que iba a habilitar el debate en el Congreso el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, afirmó: “Vamos a reforzar los protocolos y su aplicación. Las mujeres tienen el derecho a acceder sin que se judicialice, y tenemos que garantizar que se cumpla ese derecho”.
Por ahora, la Provincia va en otra dirección.
