Finalmente el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, logró dejar el cobro de las tasas municipales en mano de la empresa privada TIPSA, con un trámite parlamentario que obtuvo el aval de parte de los ediles del Frente de Todos.
La decisión del alcalde fue criticada por Juntos por el Cambio, pero también de concejales peronistas como Agustín Celi, que objetaron la “lógica empresarial” de Cagliardi de privatizar un servicio que podría realizarse por empleados municipales.
En las últimas horas un conjunto de organizaciones políticas que tributan al Frente de Todos se sumaron a los cuestionamientos con una carta pública dirigida, nada más ni nada menos, que a la vicepresidente de la Nación, Cristiana Kirchner.
“Nos dirigimos a la máxima autoridad legislativa de la Nación por un grave atropello contra el Estado y el Pueblo que tiene al intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, como principal responsable”, inicia el documento.
Dentro de los argumentos para rechazar la medida del empresario de la construcción e intendente son entre otras que “la recaudación tributaria es una función irrenunciable e indivisible del Estado, atribuida por la Carta Magna y la Constitución de la Provincia”.
“Alegar incapacidad para cobrar tributos es un argumento inaceptable que no justifica bajo ninguna razón delegar esa obligación monopólica que detenta el Estado”, agregaron.
En ese contexto, señalan que “es falso suponer que la tercerización signifique un aumento en la recaudación, por el contrario, si la remuneración de la empresa es de un 30% de lo recaudado, implica que las tasas aumentarán en la misma proporción”.
Es decir, que consideran que Cagliardi tiene previsto un “impuestazo” para los vecinos de Berisso. “En medio de la pandemia, es lógico deducir que la población contribuyente se reducirá al no poder afrontar un nuevo aumento”, afirmaron.
“La privatización del sistema de cobranza de tasas es inconstitucional y pone en peligro a todos los ciudadanos de Berisso. ¿Con qué legitimidad se arroga un empresario privado la potestad de determinar quién le debe al Estado y cuánto?”, añadieron.
Al mismo tiempo, cuestionaron “la crueldad con la que grandes millonarios se benefician de las crisis económicas, despojando a nuestro humilde Pueblo trabajador de sus escasos bienes, no responde a la ambición de lucro, sino al sometimiento político”.
La empresa TIPSA cobraría las tasas de servicios Generales Urbanos y Rurales, Seguridad e Higiene, Derechos de Construcción, Publicidad y Propaganda, Ocupación o uso del espacio público e instalación de antenas de Celulares.
El monto total de las operaciones se estima aproximadamente en mil millones de pesos, por lo que se estima que la firma privada se quedaría con cerca de 250 millones de pesos que podrían destinarse a los vecinos.
La carta está firmada por Bárbara Solernou (Consejo de Fábrica Astillero Río Santiago), Pablo Anastasio (Peronismo Siglo XXI), Mariela Gutiérrez (Agrup. Política y Social Mil Flores) y Nicolás Rodríguez (Mesa Nacional Liberación Popular BCRA).
También por Isabel Almada (Géneros en Lucha), Gustavo Lahoud (Unidad Popular – La Voz de las Comunas, Radio Asamblea), Olga Beatriz Fontana Román (Asociación Civil Activar, Lanús), y Raúl Fister (Agrup. Esperanza, Patria y Libertad).
Además, por Mónica Schlotthauer (Cuerpo Delegados Línea Sarmiento), Jorge Ernesto Conte (El Termómetro, FM Popular), Alejandra Basso (ATE Cuerpo Delegades – Min. de Desarrollo Territorial y Hábitat).
Completan la nómina de firmantes contra el intendente de Berisso Cagliardi Javier Caccavelli (Mesa Nacional Liberación Popular – CNEA) y Tomás Duplatt (Agrupación Jorge Sábato – UNSAM).
LA CARTA A CRISTINA KIRCHNER
