El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó a un prefecto acusado de espionaje ilegal, a partir del acceso que tuvo a diferentes bases de datos, entre las que figuraba el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz y la Vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario.
Según el fallo, Franco Leandro Pini, "al menos desde 2016 hasta fines del 2018, recopiló y distribuyó información personal y sensible referida a los movimientos migratorios de funcionarios públicos, personas vinculadas a ellos y de algunas de las víctimas/objetivos de la asociación ilícita investigada, que se nutrió de esa información para producir sus informes y llevar a cabo diversas operaciones ilegales".
Las víctimas fueron funcionarios públicos conocidos y de altísima jerarquía, como el presidente de la Corte Suprema, el extitular de la Aduana o la por entonces intendenta de la Matanza, Magario. “No existía sobre ellos ninguna investigación judicial o autorización administrativa que le permitiera llevar adelante una investigación a su respecto", advirtió Ramos Padilla.
En consecuencia, Pini quedó procesado y embargado en $1 millón por el delito de "realización de acciones de inteligencia prohibidas" y "abuso de autoridad de funcionario público". El juez no lo procesó por "asociación ilícita" porque consideró que no era parte activa de la organización que comandó el detenido falso abogado Marcelo D'Alessio y que, de hecho, no lo conocía.
"Los aportes de este imputado en particular consistieron en la provisión de datos sensibles de algunas de las víctimas–objetivos de ese dispositivo criminal que luego formaron parte de diversos informes de inteligencia producidos para ser presentados, en algunos casos ante la justicia o difundidos en la prensa", analizó el magistrado.
En tanto, el documento judicial argumenta que “la información restringida también fue utilizada especialmente por D´Alessio para infundir temor en las víctimas en el marco del desarrollo de maniobras de espionaje directo sobre ellas con métodos extorsivos o coactivos".
De esa manera, Pini accedía a la base de datos de Migraciones gracias a claves personales asignadas por su función. Un informe de la Dirección de Inteligencia e Investigación Criminal de la Prefectura Naval Argentina dio cuenta de que ninguno de los ingresos efectuados por el imputado a la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones "fue autorizado por esa dependencia, o por cualquier otra autoridad competente".
"Tampoco respondía a una orden o causa que justificara una investigación sobre esas personas", concluyó el juez. En la causa está detenido con prisión preventiva el falso abogado D'Alessio y están procesados los fiscales Juan Bidone, Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro, entre otros.
