Este 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que busca generar conciencia y empatía pero, sobre todo, para impulsar políticas en la materia.
En ese sentido desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), mantienen el arduo reclamo hacia el Gobierno bonaerense para actualizar las pensiones para las personas con discapacidad del Instituto de Previsión Social (IPS).
“Es un reclamo que como sindicato venimos haciendo la IPS pero en realidad quien tiene que tomar la decisión es el Gobernador, la ley dice que el monto tiene que ser el 70% del haber jubilatorio mínimo pero hace más de diez años que no se actualizan las pensiones”, dijo Nancy Alarcón, directora del departamento de discapacidad en ATE, a Diputados Bonaerenses.
Como señaló en varias oportunidades este medio, las pensiones actuales consisten en montos totalmente obsoletos ya que es de 856 pesos por mes, y de 1200 pesos mensuales para los menores. Claramente, con esos ingresos una persona no puede sostener sus necesidades.
Si bien en Nación las pensiones son mucho más altas, quienes las reciben no cuentan con una obra social como el IOMA, sin embargo, eso no es suficiente para este colectivo.
Incluso quedan atrapados en una situación compleja ya que recibir estas pensiones los limita de recibir cualquier otro beneficio de asistencia social como el caso de la Tarjeta Alimentar.
“Lo mejor que nos podría pasar es que se cumpla lo que dice la ley, la pensión de la Anses es de 13 mil pesos, mínimamente esperamos que se puedan equiparar esos montos en la Provincia. Como también que se cumpla el cupo laboral del 4%, algo que fue firmado en paritarias”, marcó la referente gremial.
Pero el problema no se limita allí, ya que a las personas con discapacidad se les hace mucho más complejo que a las demás alcanzar un trabajo y, sobre todo, en medio de una crisis sanitaria que los vuelve personas de riesgo.
“Lamentablemente, en este día de las personas con discapacidad no tenemos buenas noticias y seguimos padeciendo porque los centros de día o las escuelas especiales estuvieron cerradas y así siguen, al menos ahí se podía comer una vez al día y en estos meses las familias también tuvieron que enfrentar eso”, subrayó Alarcón.
En efecto, las personas con discapacidad y sus familias muchas veces deben enfrentar situaciones que podrían evitarse con la mera acción política y la generación de políticas que los tengan como protagonistas.
“Las personas con discapacidad no están en la agenda pública ni de los funcionarios, pero tenemos esperanza de que este Gobierno pueda dar ese paso y obtener una respuesta a este reclamo histórico porque depende de una decisión política. En esta pandemia las personas con discapacidad quedaron por fuera del sistema”, afirmó la gremialista.
Eduardo Santín, el titular del IPS, afirmó que hay un proyecto en carpeta para transferir las pensiones no graciables a Nación, pero lo cierto es que hasta el momento no hubo actualizaciones en cuanto a esa gestión.
Desde la Legislatura bonaerense, la diputada de Juntos por el Cambio Laura Aprile, y el senador del Frente de Todos, Francisco Durañona, presentaron diversos proyectos para dar una respuesta al problema, pero la última palabra depende de Casa de Gobierno.
“Se acercaron los pedidos pero no hubo ninguna respuesta que nos convenza. El presidente del IPS dijo que la intención es pasar las pensiones graciables por discapacidad a la Anses pero de intenciones no se puede vivir. Tienen que hacerse cargo de alguna manera, tienen conocimiento del problema”, concluyó.
